Entre las gestiones de 2015 y 2016, Chile dispuso la expulsión de 5.656 extranjeros, por orden de dictámenes judiciales o administrativos. Del total, un 32 por ciento fueron bolivianos, la mayoría vinculados con el tráfico de sustancias ilícitas.
Detrás de los bolivianos se ubican los extranjeros de República Dominicana (27 %) y Colombia (22 %)
Según el reporte del periódico chileno "La Tercera", las expulsiones administrativas son todas aquellas que surgen del incumplimiento de alguna de las normas migratorias y son decretadas por el Ministerio del Interior para el caso de personas en situación de residencia.
El abandono forzado de índole judicial ocurre ante situaciones de delito. Una de cada dos personas que recibe este castigo es por ingreso clandestino (52 %), 33 % lo padece por tráfico de drogas, mientras que solo un 3 % involucra a turistas que permanecieron en el país más allá del periodo autorizado.
El 12 % restante es de otros casos, como robo (2,2 %), homicidio (0,4 %) y ser responsable de delitos comunes (1 %).
Hasta 2016, en Chile fueron expulsados 3.447 hombres y 2.209 mujeres, de 28 diferentes nacionalidades. Un extranjero puede ser expulsado de Chile por vía administrativa o judicial: la primera, a raíz de incumplir las normas migratorias, y la segunda por la comisión de un delito.
