Si bien un magistrado redactará la resolución sobre el recurso presentado por el MAS para dar paso a la repostulación indefinida de funcionarios electos, la decisión final estará en manos de los siete miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Así, y por razones de "seguridad", el magistrado Zenón Bacarreza aclaró que no dirá el nombre de quien redacte esa resolución.

No obstante, algunos medios de comunicación, como el estatal Cambio, informaron que el relator es el magistrado Macario Lahor Cortez Chávez, quien actualmente ejerce la presidencia del control constitucional y que antes se desempeñó como asesor jurídico de la Confederación de Colonizadores de Bolivia, organización que forma parte del Pacto de Unidad.

La oposición pidió ayer que Cortez se excuse de conocer la demanda de inconstitucionalidad porque no garantiza independencia y que "recibirá una decisión ya tomada desde arriba". El MAS defendió la idoneidad del magistrado y exigió dejar que el Tribunal Constitucional actúe libre de presiones.

El control constitucional admitió el recurso presentado por el MAS para que declare inconstitucionales cinco artículos de la Ley del Régimen Electoral y cuatro de la CPE que establecen límites a la postulación de funcionarios electos. El pedido se apoya en el Pacto de San José de Costa Rica, que no fija límites de postulación cuando habla del derecho a ser elegido.

Una vez redactado el fallo, deberá enviarlo al pleno del TCP para su análisis, aprobación u observación, de acuerdo con procedimiento.

“El magistrado relator tiene la misión de elevar el informe o proyecto de sentencia a los demás magistrados  de sala plena para su aprobación u observación”, explicó.

ESTRATEGÍA JURÍDICA

El oficialismo acudió a esta estrategia jurídica luego que en el referéndum del 21 de febrero de 2016 ganó el No a la reforma constitucional que posibilitaría a los actuales mandatarios a ser candidatos en las justas de 2019. Se justificó la decisión con el argumento de que esa consulta estuvo influenciada por el caso de Gabriela Zapata, expareja de Morales vinculada con hechos irregulares y que dijo tener un hijo del mandatario, lo que al final se descartó.