La investigación por el desfalco de Bs 37.6 millones al Banco Unión incluirá a los hoy 18 exfuncionarios denunciados tras una auditoría interna. El Ministerio Público prevé convocarlos para determinar su grado de responsabilidad en el ilícito.
De los 18 funcionarios destituidos, 13 fueron denunciados como resultado de una auditoría especial que hizó la entidad financiera estatal tras descubrirse el millonario desfalco. También fue separado del cargo el gerente nacional de Operaciones, José Luis Quiroz, “por no haber cumplido satisfactoriamente las labores exigidas”.
El jefe de la División Corrupción Pública de la Felcc, mayor Luis Fernando Guarachi, informó ayer que serán convocados “todos los que estén implicados” tras la investigación interna de la entidad bancaria.
“De las 18 personas que han sido despedidas del Banco Unión con un proceso administrativo interno, obviamente, durante el proceso de investigación vamos a determinar su participación, negligencia y las funciones que tenían en el sistema de control”, sostuvo.
El Ministerio de Justicia se sumó en la investigación y, a través de su Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, pidió un informe al Banco Unión sobre el desfalco e información técnica de la situación de Juan P. M. y de las funciones que cumplía.
El 3 de octubre obtuvo detención domiciliaria Juan Carlos G., dueño de Rent a Car que se usaba para lavar el dinero desfalcado en la sucursal del Baco Unión en Batallas, Departamento de La Paz.
Días antes, tres personas investigadas por este mismo caso fueron encarceladas con detención preventiva, entre ellos se encuentra Juan P. M., identificado como el principal autor.
CREDIBILIDAD
El consultor financiero internacional, Jaime Dunn afirmó ayer que el desfalco al Banco Unión, perforó la credibilidad y confianza en el sistema financiero. Recomendó evaluar qué no se hizo bien desde la entidad bancaria para evitar esta situación y también desde la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).
“Hay que partir del principio que evidentemente esos montos de más de Bs 40 millones no son montos significativos que afecten la operatividad y la solvencia de una institución financiera; una vez que se afecta a la credibilidad y a la confianza que se tenga, los 5 ó 60 millones no son nada -el daño no es por el monto- sino por el impacto que pueda tener en la imagen no solo del Banco Unión sino de otros bancos”, manifestó.
