La justicia dictó ayer detención domiciliaria para Juan Carlos G., dueño de una Rent a Car que se usaba para lavar el dinero desfalcado en una sucursal del Baco Unión, en Batallas, en el Departamento de La Paz. La Fiscalía apeló la decisión de la juez Cinthya Delgadillo.

Es la cuarta persona que fue implicada en el caso y fue aprehendida el lunes 2 de octubre tras prestar su declaración informativa ante la comisión de fiscales que investiga el desfalco en una sucursal de la entidad financiara estatal.

“El Ministerio Público ha fundamentado y ha solicitado la detención preventiva del ahora imputado. La Fiscalía no está conforme y hemos apelado la decisión de la juez”, informó el fiscal Herlan Almanza a la conclusión de la audiencia cautelar.

Hasta el momento, otras tres personas investigadas por el desfalco fueron enviadas con detención preventiva a diferentes cárceles, entre ellos, se encuentra Juan P. M., identificado como el principal autor y remitido a la cárcel de Chonchocoro.

Delgadillo no habría valorado los elementos que se presentaron para desvirtuar riesgos procesales y actuado con “objetividad clara”, según la Fiscalía.

EMPRESA CONTABLE

El Ministerio Público procedió ayer martes a precintar las oficinas de la empresa de Servicios de Auditoría Legal Tributaria y Contable (Saltcon) porque se presume que en este negocio se lavaba parte del dinero sustraído por Juan P. M., principal acusado del desfalco millonario al Banco Unión.

"Esta empresa era una de las pantallas utilizadas por la persona investigada para la legitimación de ganancias ilícitas. Pues si bien la empresa cumplía, desde el punto de vista documental, con todos los requisitos, desde el punto de vista operativo solo tenía la intención de disimular una actividad lícita con la finalidad de lavar los fondos provenientes de un delito”, dijo el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz, Johnny Aguilera.

La empresa está ubicada en la zona de Sopocachi de la ciudad de La Paz.

“Se está haciendo un trabajo de campo con la finalidad de colectar elementos de convicción. (El ambiente donde funcionaba la empresa es) de la Universidad Técnica de Oruro y estamos investigando (también si algunas de sus oficinas está vinculada al caso)”, agregó el fiscal del caso, Daniel Ayala.

ASOBAN

La Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), a través de su secretario ejecutivo, Nelson Villalobos, manifestó que en las entidades de intermediación financiera siempre hay controles internos que debieran haber evitado ese tipo de riesgos. Pero admitió que de vez en cuando se suscitan vulneraciones al sistema de seguridad.