El caso Misiles Chinos derivó en una consecuencia inesperada. Si bien Carlos Mesa no estuvo implicado en ese litigio, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) determinó acudir al Ministerio Público para que haga una investigación respecto a un decreto del expresidente.

El tribunal observó el Decreto Supremo 28168, firmado en mayo de 2005 por Mesa, puesto que este habría dejado un “vacío legal” en cuanto al secreto sobre armamento bélico en posesión de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), según publicó ayer la agencia Erbol mencionando al diario Correo del Sur.

Dicho decreto Supremo garantiza para toda persona el acceso a la información sobre la gestión del Poder Ejecutivo. Sin embargo, también deroga el DS 27329 de 31 de enero de 2004.

El decreto derogado también tenía la finalidad de normar las condiciones de transparencia gubernamental, pero incluía un acápite que tipificaba como información clasificada a los datos relativos al “material bélico, sus componentes, accesorios y/o ubicación”.

Para el tribunal del caso Misiles Chinos, el decreto 28168 de Mesa dejó un “vacío legal” respecto a la confidencialidad de la información sobre armamento bélico y tampoco incorporó una norma para sustituir la disposición derogada.

"El Tribunal decidió enviar los antecedentes del caso al Ministerio Público para que se haga la investigación que corresponda”, dijo el magistrado Antonio Campero, citado por el matutino sucrense.

SENTENCIADOS

Tras dos años de juicio oral y más de 12 de investigación, el 31 de agosto se cerró el largo proceso por la entrega de misiles chinos de propiedad del Ejército boliviano a EE.UU. Fueron sentenciados a tres años de prisión el exministro de Defensa Gonzalo Méndez (ausente), el excomandante en jefe de las FF.AA. Marco Antonio Justiniano (ausente), el excomandante del Ejército, Marcelo Antezana, y el exjefe del Estado Mayor, Marco Antonio Vásquez.