La Cámara de Diputados aprobó considerar el proyecto de ley por el cual obliga al Estado y las empresas privadas a emplear a discapacitados o sus familiares, y a los gobiernos municipales a pagar de su presupuesto el bono mensual de Bs 250 a personas con discapacidad grave o muy grave.
En el sector privado, todas las empresas o establecimientos laborales tienen la obligación de insertar laboralmente a personas con discapacidad o, al padre, la madre, cónyuge o tutor que se encuentre a cargo de una o más personas, en un porcentaje no menor al dos por ciento de su personal.
El proyecto de ley, aún en trámite en la Cámara Baja, dice que en el sector estatal, están comprendidos los órganos del Estado, gobiernos departamentales, municipales, regionales e indígenas, universidades públicas, empresas públicas, instituciones financieras bancarias y no bancarias, entidades públicas de seguridad social y todas aquellas personas naturales y jurídicas que perciban o administren recursos públicos.
