Tras reunirse ayer lunes con Reynaldo Ramírez, víctima de un injusto fallo judicial, el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce, acusó al fiscal Marcelo Delgadillo y a los jueces Mery Yanet Mojica y Alberto Luis Paz de "ocultar" las pruebas y no haber tomado en cuenta un informe pericial que señalaba que el investigado era inocente.

"Se ha evidenciado acciones criminales de parte del fiscal Marcelo Delgadillo y acciones criminales de parte de los dos jueces. El fiscal oculta deliberadamente el informe pericial que decía que la fotografía de Reynaldo Ramírez no presenta similitudes y rasgos iguales a niveles de rasgos fotográficos faciales más significativos con el individuo masculino de la fotografía rotulada", manifestó el funcionario de Estado.

Arce refirió que el 22 de diciembre de 2015, el fiscal presentó en el juicio un total de 63 pruebas, y "en las 63 pruebas oculta criminalmente (el informe pericial) y esa es la responsabilidad penal de este fiscal, que tiene que estar en la cárcel, oculta deliberadamente el informe, lo esconde", añadió el ministro de Estado.

REPONSABILIDAD

Asimismo, expresó muy molesto que la mayor responsabilidad está en los que dieron la sentencia, que condenó a Reynaldo Ramírez a 30 años de prisión sin derecho a indulto, sabiendo que no había pruebas certeras de que él fuera el autor del feminicidio.

"Ellos (los jueces) han actuado culpando y responsabilizando a una persona inocente y eso es un crimen que no se puede permitir", aseveró.

El ministro lamentó que los funcionarios jurisdiccionales que llevaron este caso hayan actuado de manera ligera y sentenciando a un inocente, por lo que anunció que el Gobierno presentará una demanda penal contra el fiscal y los dos jueces.

"Había prueba de su inocencia y la han escondido, la han guardado y no lo han tomado en cuenta. Han desoído los principios fundamentales que hacen al derecho penal. Ellos han condenado a un inocente. Es inadmisible", manifestó.

Arce aseveró que pedirá una "profunda investigación penal" porque está convencido de que "hay responsabilidad penal por prevaricato e incumplimiento de deberes" en los funcionarios que llevaron el caso de Ramírez sin tomar en cuenta las pruebas que lo favorecían.