El alcalde de La Paz, Luis Revilla, informó ayer que la Ley 223 de fiscalización a construcciones no será abrogada y que el pedido de revocatorio en su contra es una decisión que responde a intereses políticos de pequeños grupos.
“Sabíamos que estaban planteando esto desde hace varias semanas y no es ninguna novedad. Las actividades de estos supuestos dirigentes están enfocadas en fines políticos y no para la defensa de la ciudadanía (…). La Ley 233 es una norma contra los loteadores y se la va a mantener”, dijo.
La Federación de Juntas Vecinales de La Paz, dirigida por el militante del MAS, Jesús Vera, determinó el lunes 26 un paro cívico para la primera semana de julio y anunció el inicio de la campaña para el referendo revocatorio de Revilla.
