RETROACTIVO
El 2 de mayo, el ministro de Economía, Luis Arce confirmó que el incremento salarial será cancelado de forma retroactiva al 1 de enero.
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Marco Antonio Salinas, afirmó ayer que el sector empresarial acatará el Decreto Supremo de incremento salarial emitido por el Gobierno, pero advirtió que la economía del país caerá por la falta de inversión.
"Vamos a acatar lo que diga el Gobierno, pero significa que la inversión privada nacional va a bajar, porque los recursos que teníamos destinados para invertir en el país vamos a tener que destinarlos al pago de salarios y eso significa que el PIB va a bajar, yo no creo que haya segundo aguinaldo por las medidas del Gobierno", aseveró.
El empresario aseveró que el sector privado nacional invirtió en 2016 el 48 % de toda la inversión nacional. "(Pero) con estas medidas seguramente va a bajar la inversión y va a abajar el PIB (Producto Interno Bruto)", resaltó.
Salinas adelantó que hasta junio se concluirá un estudio sobre el impacto del incremento salarial sobre el sector privado, que afecta principalmente a la pequeña y microempresa.
DISCRIMINACIÓN
Expresó también su decepción por la aplicación inequitativa de las leyes, de parte del Gobierno, que discriminan al sector empresarial, respecto a la excepción de que las empresas estatales con problemas económicos prescindan del pago del incremento salarial.
"En este país se dice que todos somos iguales, pero el Gobierno no lo toma así, para el Gobierno existen unos que tienen que cumplir con el país, y otros no (...), nos sentimos los empresarios discriminados con la política del Gobierno", dijo.
El 2 de mayo, Luis Barbery, presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Santa Cruz consideró que las excepciones anunciadas por el Gobierno de deslindar del pago del beneficio a los trabajadores de las empresas públicas deficitarias es una discriminación contra los privados.
Salinas recordó que hace más de 10 años buscan reunirse con el Gobierno para la discusión tripartirá -Gobierno, empresarios y trabajadores- sobre el incremento, pero no se cumple pese a que el Ejecutivo firmó un acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
