La Corte Suprema de Justicia de Chile aplazó ayer la respuesta a la petición de liberar a nueve bolivianos encarcelados en ese país hasta el lunes 24 de abril, informó el abogado Roberto Celedón, en alusion al amparo constitucional que presentó Bolivia.
“La decisión de la Corte Suprema se pospuso hasta el lunes (…). En caso de que fuera positivo (fallo de la Corte Suprema) sería muy importante y prevalece sobre cualquier otra decisión de un tribunal inferior”, dijo a La Razón Digital.
De los 20 magistrados con los que cuenta la Corte Suprema de Justicia de Chile, cinco conocieron el recurso que plantea “la detención indebida” de los funcionarios durante un operativo que se cumplió en la frontera.
Celedón informó que, de igual manera, la Corte de Apelaciones de Iquique aplazó un fallo sobre el pedido que hizo la defensa para revocar las medidas cautelares por las cuales se dictaminó prisión preventiva de 120 días para los bolivianos.
Los nueve bolivianos, dos militares y siete aduaneros, fueron detenidos en un confuso incidente fronterizo cuando supuestamente combatían a contrabandistas el 19 de marzo, tres días después fueron encarcelados de forma preventiva en el penal de Alto Hospicio de Iquique.
Chile sostiene que los nueve bolivianos entraron a su país con la intención de robar nueve camiones. En contrapartida, Bolivia denunció que sus funcionarios fueron "secuestrados" por contrabandistas y carabineros que los golpearon, enmanillaron y encarcelaron sin pruebas sustentables.
"Tengo convicción de que los delitos imputados son inexistentes, que se trata de funcionarios públicos que estaban cumpliendo funciones de su competencia", afirmó en días anteriores Celedón, jurista chileno que asesora al Estado boliviano en ese caso.
TRES OPCIONES LEGALES
El jueves 20 de abril, el equipo jurídico que defiende a los nueve funcionarios bolivianos recluidos informó que baraja tres opciones legales en caso de que la Corte Suprema de Justicia de Chile rechace el recurso de apelación, dentro del amparo constitucional que presentó la parte boliviana.
La primera es la solicitud de revisión a la detención preventiva; la segunda, requerir diligencias probatorias a la Fiscalía de Pozo Almonte con el objetivo de desvirtuar la imputación y, por último, el recurso de cesación a la detención.
