La jueza del Tribunal de Garantía de Pozo Almonte, Isabel Peña, ordenó ayer la expulsión de los nueve funcionarios bolivianos (dos militares y siete trabajadores de la Aduana Nacional) que fueron detenidos el 19 de marzo en la zona fronteriza entre ambos países.

La decisión fue asumida después de que los nueve bolivianos fueron condenados por el delito de robo con intimidación y violencia a una pena de tres años y un día de presidio.

Asimismo, los nueve imputados fueron sentenciados por el delito de contrabando con una multa de 32 millones 176 mil 272 pesos chilenos.

Además se condenó únicamente a los dos militares bolivianos por el delito de porte ilegal de arma de fuego a una pena de tres años y un día de presidio. En cambio, a los siete funcionarios de la Aduana se absolvió ese tercer delito.

Sin embargo, pese a esa condena se decidió otorgarles "la pena sustitutiva de expulsión de territorio (chileno) y esa expulsión se debe hacer dentro de 30 días desde que se llegue a ejecutar esta sentencia", dijo la jueza.

La resolución judicial también establece que siete de los condenados (funcionarios de la Aduana) no podrán arribar al territorio chileno en un plazo de 10 años.  Mientras que los dos militares no podrán volver a ese país durante 20 años.

"Si ingresan antes de dicho plazo deberán cumplir la condena privativa de libertad en forma efectiva, es decir, con la cárcel", advirtió Peña, al concluir la lectura de la sentencia de 46 páginas.

La sentencia fue dictada después de que en la audiencia de ayer los nueve bolivianos oficializaron su decisión de someterse a un procedimiento abreviado, tras renunciar a su derecho de ir a un juicio oral y público.