El principal argumento de Bolivia en la defensa de los nueve funcionarios detenidos en la frontera con Chile radica en que son agentes del Estado que estaban en un operativo de lucha contra el contrabando, un delito transnacional, pero la justicia chilena los procesó como particulares.

El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, explicó a La Razón que ese argumento, además de otros elementos jurídicos, es el sustento del amparo constitucional que Bolivia presentará ante la Corte de Apelaciones de Iquique para la liberación de los funcionarios por una “detención indebida”, ante la vulneración de “derechos fundamentales de los ciudadanos”.

El funcionario agregó que durante el proceso hubo una “tipificación arbitraria” por parte de la Fiscalía y del juzgado que atendió la causa.

“Se los está enjuiciando como personas particulares, siendo ellos funcionarios de un Estado, ahí hay una gran irregularidad; hay otros elementos más que por estrategia no conviene adelantarlos, que van a ser la base de la acción constitucional”, explicó Ferreira.