La Corporación Minera de Bolivia (Comibol) inició el proceso de migración de contratos vigentes con las cooperativas mineras. El ente estatal tiene la intención de alcanzar, al menos, 500 contratos en los próximos meses, como arranque en el proceso de reestructuración de la nueva empresa pública.

“Desde 1987, Comibol ha suscrito contratos de arrendamiento con las cooperativas, respaldada por dos decretos. Son aproximadamente 500 y tendrán que adecuarse a contratos de operación minera, con otras características de un simple contrato de arrendamiento”, explicó el presidente de Comibol, José Pimentel.

En 2016, el directorio de la estatal dio a conocer que la entidad envió varias comisiones técnicas a La Paz, Oruro y Potosí con el fin de verificar el estado de situación de los contratos con cooperativistas antes de la Ley 535 de Minería y Metalurgia de la gestión 2014.

Esos contratos daban a las cooperativas, la libertad de asociación con empresas privadas y lo único que debía hacer Comibol, era administrar ese convenio. A cambio, recibía el 1 % del valor neto de ventas como alquiler a la corporación.

La nueva Ley de Minería, según Pimentel, se aprobó con varios vacíos legales y, entre otras cosas, hizo desaparecer el ingreso.