El Ministerio de Gobierno y La Policía están en un lado y la Fiscalía, en el otro. Ayer, las hostilidades, reproches y acusaciones entre estas entidades llegaron a un nivel inédito. El fiscal general, Ramiro Guerrero, criticó la falta de seguridad ciudadana, mientras que viceministros y la institución del orden apuntaron al trabajo del Ministerio Público como una de las causas para la delincuencia.

Los problemas comenzaron por la investigación de la muerte de Rodolfo Illanes, debido a que la Fiscalía imputó al coronel José Luis Araníbar por supuestamente no auxiliar al entonces viceministro cuando fue asesinado en agosto de 2016 a manos de cooperativistas mineros.

El jueves 2 de febrero, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, rechazó la imputación contra Araníbar y criticó que el Ministerio Público acuse al Coronel cuando los fiscales ni siquiera estuvieron presentes en la región donde Illanes fue asesinado.     

Ayer, el fiscal Guerrero respondió al ministro. Señaló que Romero recién reaccionó a la imputación de Araníbar dos meses después de que se presentó la misma. “Es una pena que se entere tan tarde, con razón anda tan mal la seguridad del país”, dijo en Sucre.

A Guerrero también le pareció extraño y coincidente que, un día después de que el opositor Jorge Quiroga criticó a la Fiscalía, el ministro Romero haya salido a la palestra para también expresar sus quejas.

DETENCIÓN

La comisión de fiscales que investiga la muerte del viceministro Rodolfo Illanes solicitó la detención del excomandante de la Policía de La Paz José Luis Araníbar, porque supuestamente autorizó el uso de armas de fuego en contra de los mineros cooperativistas que, el 25 de agosto del año pasado, tenían secuestrado al viceministro de Régimen Interior. La petición fue rechazada por el Ministerio de Gobierno.