Waldo Albarracín y Rolando Villena, dos exdefensores, se adhirieron a la petición a la CIDH para que se apliquen medidas cautelares ante lo dispuesto por la Ley 351, referida a las ONG, y su decreto reglamentario, por considerarlos violatorios de derechos.Piden la suspensión de las normas incluidas en la Ley 351, que obligan a la adecuación de la personalidad jurídica de las ONG y fundaciones y que las obligan a reiniciar sus trámites de registro.