
El Ministerio Público convocó al director de la radio Fedecomin, Moisés Flores Quispe, para que preste su declaración informativa sobre el asesinato del minero cooperativista Rubén Aparaya Pilco y la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) reaccionó molesta ante ese llamado.
Aunque la convocatoria establece que Flores debe prestar su declaración solo en calidad de testigo, la ANP envío un memorial al Ministerio Público junto a la resolución que emitió la 72 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
En dicha resolución, la SIP recuerda a los funcionarios judiciales de Bolivia: "los trabajadores de la prensa no pueden constituirse en testigos en procesos judiciales porque ello los inhibe y obliga a su autocensura en la cobertura de conflictos y otros hechos noticiosos. Salvo en situaciones en que la vida de una persona se encuentre en riesgo, los periodistas deberían abstenerse de entregar información y material protegido por el secreto profesional".
La organización emitió ese pronunciamiento a propósito de los hechos de violencia registrados en agosto, durante un bloqueo de carreteras protagonizado por los mineros cooperativistas y que derivó en agresiones a tres periodistas, fotógrafos y camarógrafos de televisión.