Al menos, 2.500 viviendas sociales que fueron adquiridas en el marco de los programas estatales serán sometidas a la Ley de Pérdida de Beneficio por Incumplimiento de Fines Sociales, norma que se encuentra en tratamiento en el Legislativo, informó el viceministro de Vivienda, Bony Morales.Mediante esa nueva ley, las casas podrían ser revertidas.
“Estamos hablando de cerca de 2.500 viviendas y una vez se tenga la ley aprobada y se cuente con el reglamento podremos definir los mecanismos de reversión; lo que se necesita es sentar precedentes para que aquellas familias inescrupulosas que con el afán de aprovecharse del Estado se han adjudicado viviendas cuando ya tienen viviendas, o en algunos casos son alquiladas, vendidas y no solo una vez, hay ciclos de tercera venta”, advirtió el viceministro.
Morales explicó que las viviendas de tipo social que serán sometidas a ley.