El contralor general del Estado, Henry Ara Pérez, aseguró que tiene observaciones a procedimientos establecidos en dos contratos que firmó el Gobierno con la empresa china CAMC, y anunció que en los próximos días pedirá aclaraciones que si no convencen podrían establecer responsabilidades administrativas y hasta penales en contra de quienes suscribieron los contratos por la construcción de Misicuni, en Cochabamba, y la compra de perforadoras para Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

Tras la denuncia presentada por el comunicador Carlos Valverde, se afirmó que el presidente había cometido tráfico de influencias, porque su expareja, Gabriela Zapata, era gerente comercial de la empresa china CAMC, que suscribió millonarios contratos con el Estado. Morales pidió entonces que la Contraloría y la Asamblea Legislativa lo investiguen. La última sentenció que no existió ningún indicio en contra del presidente. Ahora, la nueva gestión de la Contraloría empieza a dar a conocer sus conclusiones.

“Me han pasado al despacho esta semana dos trabajos que están para mi evaluación. Seguramente, la siguiente semana pondremos en conocimiento de las partes. Se ha hecho, en el caso de Misicuni, hallazgos que serán sujetos a peticiones de aclaración y en el caso de la compra perforadoras y sus adendas realizada por YPFB se trata de una supervisión que tiene que ver con medidas que vaya a tomar, porque los contratos que aún están vigentes”, dijo ayer el contralor.

No quiso hablar de anomalías. “Son observaciones, puesto que si partimos de la existencia de los proyectos, ambos están. Puede haber deficiencias en los procesos y la norma establece tipos de responsabilidad, si es que las confirmáramos”.