El exalcalde de La Paz, Omar Rocha, denunció ayer jueves que el club nocturno Katanas fue clausurado definitivamente en 2012 por la subalcaldía Centro, al constatar en un operativo que una menor de 17 años trabajaba en el sitio como bailarina, pero en 2013 la resolución fue anulada por el alcalde Luis Revilla y el director Jurídico, Fernando Velásquez.
Anunció que abrirá un proceso por los delitos de tráfico de influencias, incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la constitución.
"El proceso administrativo ya estaba iniciado, el alcalde Revilla no tenía competencia para autorizar la reapertura del Katanas, eso quiere decir que desde el gobierno municipal se ha favorecido a este local y además no se ha seguido un proceso para sancionar el caso de la menor de 17 años y que ahora es mayor", afirmó el exfuncionario.
Rocha presentó un documento que detalla sus denuncias y aseveró que será un aporte a la investigación que realiza el Ministerio Público contra el propietario del bar, Marco Cámara, acusado por la presunta comisión de trata de personas y organización delictuosa.
PROTAGONISMO
El director Jurídico Municipal, Fernando Velásquez, aseguró que las declaraciones del exalcalde solo buscan protagonismo y aclaró que el municipio actuó bajo los principios de seguridad jurídica para determinar la anulación de club.
Velásquez dijo que la gestión de Revilla siguió con todos los pasos que especifica la norma y que en ningún momento se violó la ley.
PERSONAL SALPICADO
El escándalo que estalló por el caso de la denuncia de trata y tráfico en Katanas salpicó a funcionarios de la Alcaldía de La Paz y a un exfuncionario de la Dirección de Migración.
La principal acusadora, Nohemí Cámara, hija del propietario del club, denunció que los personeros recibían pagos a cambio de protección y encubrimiento.
Su abogada, Paola Barriga, dijo que las sospechas recaen incluso en el Servicio Nacional de Impuestos, que no tomó las acciones necesarias para controlar la emisión de facturas en este negocio, que trabajó sin licencia desde enero de este año.
De acuerdo a Nohemí Cámara, su padre y su principal colaborador habían montado una red de protección que les alertaba sobre los operativos de control municipal y migratorio a cambio de pagos en efectivo e incluso con los servicios que ofrecía el lugar, que además funcionaba como lenocinio.
Barriga dijo que existen pruebas suficientes de ello, entre ellas libros de registro encontrados durante una requisa que hizo la Fiscalía.
