El cooperativista minero Rubén Quenta fue enviado ayer a la cárcel de Patacamaya en calidad de detenido preventivo, acusado de ser cómplice del asesinato del viceministro Rodolfo Illanes.
El Ministerio Público informó también que Quenta también fue imputado por los delitos de robo agravado y lesiones graves y leves.
En la audiencia de medidas cautelares, la Fiscalía argumentó que el imputado incurrió en el delito de robo agravado al entrar al vehículo del ministerio de Gobierno, donde se trasladó Illanes, para sustraer objetos personales y otros equipos.
Y sobre el delito de lesiones graves y leves, los investigadores identificaron que el cooperativista golpeó al edecán de lllanes, Yuri Linares, en la cabeza usando su casco de minero, lo cual le causó heridas.
"Desde el inicio del presente hecho, el Ministerio Público ha realizado una serie de actos de investigación que han permitido la aplicación de la detención preventiva del imputado, aspecto ratificado por la autoridad jurisdiccional,", manifestó el fiscal Departamental de La Paz, Edwin Blanco.
Otros cinco mineros también fueron aprehendidos junto con Quenta en una operación policial desarrollada en la localidad de Viloco, en La Paz, pero fueron puestos en libertad después de que el fiscal que les tomó declaraciones resolvió que no tuvieron una participación directa con la muerte de Illanes.

BUSCAN A OTROS SEIS
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó ayer que buscan a otras seis personas relacionadas de manera directa con el suceso y según datos preliminares, estarían escondidas en diversas minas bolivianas.
"Nosotros calculamos que unas seis personas más tendrían participación directa, se desconoce su paradero, y hay información de que se esconden al interior de algunas minas y que no habrían salido del país", aseveró.
Illanes fue secuestrado, torturado y asesinado a golpes el 25 de agosto por los cooperativas que bloqueaban una carretera en la localidad de Panduro, a 180 kilómetros de La Paz.
El viceministro fue al lugar para intentar un acercamiento con los manifestantes que se oponían a una ley que permite la creación de sindicatos en las cooperativas por considerarla perjudicial para el funcionamiento de esas organizaciones.
El conflicto también ocacionó la muertes de cuatro mineros por heridas de bala sufridas durante las operaciones policiales para desbloquear las carreteras, y de un quinto por una mala manipulación de explosivos.
Romero insistió en que los agentes no tenían órdenes de portar armas letales para el desbloqueo de las rutas y que se revisó el equipo policial para el cumplimiento de ese plan.
"Estamos frente a una figura de asesinato y de sedición, a apartir de los ataques, la conspiración y otros elementos (cometidos por los cooperativistas mineros)", dijo Romero.