El fiscal del Estado, Ramiro Guerrero, desplazó al director nacional de Protección a Víctimas a la zona fronteriza de Tupiza y Villazón, en el Departamento de Potosí, para verificar la existencia o no de casos de trata y tráfico de personas en esa región.“Estamos verificando en el lugar la veracidad o no de este tipo de hechos que, según publicación realizada en Argentina, tiene que ver con la supuesta venta de niños bolivianos”, expresó Guerrero.El funcionario judicial sostuvo que Wálter Vizcarra, director nacional de Protección a Víctimas, se constituyó en Tupiza donde recabó información sobre el tema y luego se trasladó a Villazón para seguir con la investigación de la denuncia.“En Tupiza no se tiene ninguna denuncia sobre trata y tráfico de personas; sin embargo, en Villazón hemos encontrado un caso que ya está en proceso de investigación (…). Con los datos que hemos recabado podemos mencionar que esa publicación sobre venta de menores falta a la verdad”, manifestó el fiscal del Estado.
"SOLO UN CASO"Vizcarra, desde Villazón, manifestó que se reunió con los fiscales que se encuentran en ese sector y pudo evidenciar la existencia solo de un caso que fue reportado ante el Ministerio Público, pero continuará con la investigación para despejar cualquier duda al respecto.El origen de la supuesta comercialización de menores surgió a partir de datos que citaban como fuente al exrepresentante de la Defensoría del Pueblo en la región, Jorge Oporto, mismo que negó que medios de comunicación de Argentina lo buscaran para hablar al respecto. "Nunca me he contactado con ningún periodista argentino para decir sobre que se venden niños. Solo participé en un seminario en Villazón con la cónsul de Argentina, Reina Sotillo. Ahí hablamos de este tema. Solo hablamos de un caso que se encontró y que ya tenía sentencia en el juzgado de Villazón, en el que una señora vendió a su hija por una suma de Bs 5000. La sentencia era del 2011, el único caso", dijo en entrevista con el blog Rimay Pampa.