La Sala Penal Tercera de La Paz tratará la apelación a la detención preventiva interpuesta por la defensa de la exministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, quien continúa recluida en el penal de Miraflores, informó ayer el abogado Ángel Mercado.
"La Sala Penal Tercera ha dispuesto que la audiencia para considerar la apelación sobre las medidas cautelares de la señora Nemesia ya fue fijada para el miércoles a las 14:30", manifestó Mercado.
El abogado dijo que en la audiencia demostrará que Achacollo no era la máxima autoridad del Fondo Indígena y tampoco hizo desembolsos de recursos económicos, para certificar esta situación preparan documentación que respalde la inocencia de la exministra.
Agregó que su defendida fue detenida porque presuntamente no tendría trabajo, sin embargo presentarán certificaciones donde indican que Achacollo tiene una actividad laboral dedicada al agro y la ganadería.

EXCOLABORADORES
Achacollo involucró a sus excolaboradores jurídicos en el caso Fondo Indígena. Según la exministra, los abogados que trabajaban con ella eran quienes revisaron los 1.350 proyectos del quebrado Fondo.
La declaración se extrae de la declaración informativa de Achacollo ante la Fiscalía de La Paz, acontecida el 21 de julio. En esa oportunidad vinculó con el caso al encargado jurídico Juanito Tapia; el responsable de Planificación, Ramiro Villalpando; y un abogado de apellido Mendoza, quienes ayudaron en la aprobación de los proyectos del Fondo Indígena.
Achacollo es procesada por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. Achacollo fungía como presidenta del directorio del Fondo Indígena y autorizaba el desembolso de recursos de la institución.
La Fiscalía la imputó porque ella aprobaba el desembolso de proyectos fantasmas que no cumplieron con todos los requisitos exigidos por ley como ser el informe técnico, financiero y jurídico antes de emitir la correspondiente resolución ministerial.
La Contraloría estableció que en el Fondo hubo un daño económico de Bs 71 millones, mientras un informe de la interventora Lariza Fuentes determinó un daño de 102 millones.