El ministro de Gobierno, Carlos Romero, reveló ayer la existencia de 31 contratos firmados entre cooperativistas mineros con empresas extranjeras que fueron firmados a 25 años plazo y aseguró que el Gobierno no permitirá que las cooperativas sean una “fachada” para que los privados exploten los recursos naturales.
Precisó que algunos contratos, firmados con anterioridad a la actual Ley Minera, tienen plazos indefinidos y muchos de ellos no fueron autorizados ni conocidos por el directorio de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol).
“Esos contratos con empresas extranjeras, preferentemente, cuyos nombres están en inglés en las escrituras, pretenden consolidar y ampliar en sus alcances; y eso es una desvirtuación absoluta de la cooperativas. Eso es lo que el Estado boliviano no puede permitir”, manifestó el funcionario de Gobierno.

INTERESES PRIVADOS
El ministro Romero afirmó que algunos dirigentes con intereses privados, están desnaturalizando y desprestigiando al conjunto del sector.
Sostuvo que los dirigentes pretenden burlarse del pueblo boliviano porque además de los contratos, sumados a varias concesiones, liberalidades, flexibilidades ambientales, buscan gozar de tarifas preferenciales en los servicios eléctricos.
Lamentó que las cooperativistas mineros asuman una posición de negar a su esencia misma al rechazar la presencia de sindicato de trabajadores en las cooperativas, lo cual significa que en esas unidades, “hay patrones y empleados”
En torno al bloqueo, el ministro dijo que la medida de presión se quedó en la tapa de algunos periódicos y medios de comunicación, porque en el eje troncal no existe “ninguna movilización ni bloqueo”.
Informó que instruyeron intenso patrullaje policial en las carreteras, por lo que considera, “difícil que pueda producirse” algún bloqueo, más aún si la última movilización de este sector fue “un engaño a la opinión pública” nacional que condenado las acciones de violencia.
El 15 de agosto, el ministro de Gobierno dijo que no todas las demandas de los cooperativistas mineros son atendibles, entre ellas “privatizar” la explotación minera.
El funcionario de Estado aseveró que el Gobierno no atenderá las demandas que atenten la Constitución Política del Estado (CPE) y sean estructurales, que signifiquen el replanteo de la política de Estado en el manejo de los recursos naturales.