La exministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, fue trasladada ayer al penal de Miraflores, al no existir dinero para que llegue a Palmasola, donde debía cumplir con la detención preventiva fijada la semana pasada por un juzgado.
"De acuerdo al Órgano Judicial, sea al Consejo de la Magistratura, DAF, han manifestado que no tienen recursos económicos para trasladarla a la señora (Achacollo), en otras palabras no hay plata", sostuvo el juez Segundo de Instrucción en el Penal de La Paz, Guillermo Morales, que dispuso la medida cautelar contra la exministra.
Argumentó que no podía mandar a la exministra a la cárcel de Obrajes, porque en ella se encuentran otras detenidas por el caso Fondioc, como Elvira Parra y Melva Hurtado.
En medio de un dispositivo de seguridad, Achacollo fue sacada de las celdas judiciales, donde permaneció desde el viernes 5, cuando tras una audiencia, se fijó su detención preventiva en la cárcel de Santa Cruz. Coincidirá con Gabriela Zapata, la expareja de Evo Morales, detenida por otros delitos.
Pasó el fin de semana en esas instalaciones, donde fue cuidada por su familia debido a su "delicada situación médica" por sufrir problemas cardiacos a causa de la altura. Hasta el 9 de agosto era desconocida la fecha para su traslado, pero ayer fue llevada a ese penal de mujeres.

SALUD
Ayer el abogado de Achacollo, Diego García, advirtió que sería un atentado contra la vida de su defendida que se la mantenga en una cárcel en La Paz.
García aseguró que un examen cardiológico diagnosticó que la exministra está “sumamente grave” y recomendó que sea tratada por especialistas.
“Tendría que ser internada, en este momento corre riesgo su vida”, agregó el jurista.
Por otra parte, Achacollo afirmó que se encuentra "muy mal", tomando en cuenta que estaba desde el pasado 4 de agosto en celdas judiciales.
Achacollo es acusada por haber autorizado el desembolso de 3.6 millones de Bolivianos para nueve organizaciones sociales, además de la erogar de otros montos del exFondo Indígena para tres proyectos fantasma. Su defensa mencionó que pudo más la presión mediática para involucrarla en el caso.
Se la imputó por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. La Contraloría del Estado denunció en 2014 un daño económico de 71 millones de Bolivianos; una intervención que al Fondo cuantificó 102 millones de daño, por existir proyectos fantasma.
Dentro de su audiencia de medidas cautelares, desarrollada el 5 de agosto, la exministra aseguró que no fue "protegida" por el presidente Morales y que por eso renunció, para someterse a la investigación.
"No he robado ni un peso", exclamó, visiblemente afectada por la situación.
En medio de varios incidentes, la búsqueda de documentos originales, su internación por arritmia cardiaca y estrés; y el cuarto intermedio en su declaración, la exministra fue aprehendida el martes 2 de agosto y ahora deberá asumir defensa desde celdas del penal.