El Ministerio Público presentó ayer la acusación formal contra Gabriela Zapata, expareja del presidente Evo Morales, por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, asociación delictuosa, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, contribuciones y ventajas ilegítimas y uso de bienes y servicios públicos.
"Hoy (por ayer) a las 15:00 se presentó el pliego acusatorio del primer caso contra la señora Gabriela Zapata, Cristina Choque y otros”, informó el fiscal departamental, Edwin Blanco.
La comisión de fiscales solicitó que la acusación formal se envíe ante el Tribunal de Sentencia de turno de la ciudad de La Paz, para que sea quien dicte auto de apertura de juicio, a fin de emitir la sentencia condenatoria en contra de los acusados de conformidad al artículo 365 del Código de Procedimiento Penal, condenándolos con la pena máxima.
OTROS ACUSADOS
La Fiscalía acusó formalmente al abogado Walter Zuleta de haber facilitado la entrega de 50 mil dólares a favor de Zapata de parte de una tercera persona, en oficinas de Gestión Social del Ministerio de la Presidencia.
Según una nota de prensa de la Fiscalía, el abogado fue “acusado por uso indebido de bienes y servicios, además de contribuciones y ventajas ilegitimas, en grado de complicidad, por concretar la entrega de 50.000 dólares a favor de Zapata por parte de una tercera persona en las oficinas de Gestión Social”.
La exdirectora de Gestión Social, Cristina Choque, quien habría facilitado estos ambientes a Zapata, fue imputada por asociación delictuosa; uso indebido de influencias; incumplimiento de deberes y uso indebido de bienes y servicios públicos.
El exchofer de Gestión Social, Jimmy Ysrael Morales Cuba también fue acusado formalmente debido a que hizo un depósito de 30 mil dólares a la cuenta de Zapata. Los tipos penales en su contra son asociación delictuosa; incumplimiento de deberes; y uso indebido de bienes y servicios públicos.
El ciudadano Ricardo Abelardo Alegría Sequeiros está implicado por hacer cinco depósitos que suman 10 mil dólares a favor de Zapata, y por fungir como funcionario de Gestión Social para recibir personas y coadyuvar a la joven. Él está acusado de asociación delictuosa; legitimación de ganancias ilícitas; y uso indebido de bienes y servicios públicos en grado de complicidad.
Por último figura Carlo Marvin Ramírez Aramayo, socio de Zapata, por los delitos de asociación delictuosa, en grado de autoría, además de uso indebido de bienes y servicios públicos, en grado de complicidad. La comisión de fiscales estableció que entre 2011 y 2013 el imputado ingresó en reiteradas oportunidades a la Unidad de Gestión Social.
