El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero Peñaranda, informó ayer que Nemesia Achacollo, exministra de Desarrollo Rural y Tierras, fue convocada por el Ministerio Público en calidad de investigada para que preste su declaración hoy 21 de julio por el caso Fondo Indígena.
“Como ella tiene datos sobre todo lo que ha sucedido en 2010 hasta 2015, ella (Achacollo) ha sido citada en calidad de investigada", manifestó el abogado de la exministra, Edgar Soliz.
El jurista agregó que Achacollo no administró recursos del Fondo Indígena, tal como la sindican algunos de sus denunciantes, y adelantó que presentará todos los descargos correspondientes para desvirtuar esas acusaciones.
Guerrero explicó que ha sido reconformada la comisión de fiscales que investiga el caso Fondo Indígena, por ello al fiscal Ángelo Saravia se sumaron Óscar Campero y Daniel Ayala.
Achacollo, quien estuvo al frente del ministerio de Desarrollo Rural desde el 22 de enero de 2010 hasta el 31 de agosto de 2015, renunció a su cargo poco después de que la interventora del Fondo Indígena estableció un presunto daño económico de 102 millones bolivianos.

RECURSOS
De acuerdo con los informes del ministerio de Desarrollo Rural, desde 2006 hasta 2014, el Fondo recibió 3.197.482.681 Bolivianos y desembolsó 729 millones para distintos proyectos.
Esos montos, sin embargo, discrepan de las cifras que ofreció la Contraloría General del Estado que denunció, en diciembre de 2014, un daño económico de Bs 71 millones.
PARALIZACIÓN
La investigación sobre el presunto desfalco en el Fondo Indígena se encuentra paralizada desde hace ocho meses por falta de un juez de garantías, según publica El Deber, de Santa Cruz de la Sierra.
A este problema se suma el hecho de que el principal fiscal del caso, Anghelo Saravia, enfrenta un proceso interno en el Ministerio Público.
Las partes aseguran que las acciones de la Fiscalía ampliaron el plazo de 180 días que tiene para presentar la acusación formal.
Guerrero dijo que recibieron una denuncia contra el fiscal Anghelo Saravia, que figura como el máximo responsable de la comisión de fiscales que investiga este millonario desfalco y que involucra a unas 80 personas, según la investigación del Gobierno.
En la entidad fiscalizadora de los recursos públicos informaron de que el relanzamiento del nuevo fondo indígena deberá contemplar medidas de control más rígidas que las que tenía la entidad intervenida.