El actual jefe de bancada del MAS en el Senado, Pedro Montes, cobró de manera indebida $us 21 mil a Comibol, y ahora debe resarcir ese dinero junto a los exfuncionarios que autorizaron pagarle, según dicta la resolución 69/2016 del Juzgado Tercero Administrativo de La Paz.
La sentencia dice que Montes hizo dos cobros ilegales tras renunciar a la Empresa Minera Huanuni en 2005: el primero de $us 20.439,17 por beneficios sociales extraordinarios y el segundo de $us 572,19 por desahucio, haciendo un total de $us 21.011,36 de daño económico al Estado.
La demanda contra Montes fue presentada por Comibol en 2013 y la resolución final del proceso es del 7 de julio de este año, y fue firmada por el juez Eduardo Condo Riveros.
PARTE RESOLUTIVA
De acuerdo con el documento, Montes incurrió en “percepción indebida de sueldos, salarios, honorarios, dietas y otras remuneraciones con fondos del Estado”, previsto en la Ley del Sistema de Control Fiscal.
Además del senador, cuatro exfuncionarios de Comibol, que favorecieron y otorgaron estos pagos, son responsables de resarcir este daño; Juan Inocencio Cabrera, expresidente de la estatal minera; Filomeno Enríquez, exgerente administrativo; Julio Sivila, exabogado de la Dirección Jurídica; y Jaime Zambrana, exdirector jurídico.
PRIMER PAGO
La sentencia indica que el actual senador renunció a Huanuni el 15 de diciembre de 2005 y que cobró $us 20.439,17 el 4 de enero de 2006 por el concepto de beneficios sociales extraordinarios (extralegales).
Para tener ese pago extraordinario, Montes se amparó en el decreto 26464 de 2001. Sin embargo, esta norma dispuso que ese beneficio extra solo estaba vigente hasta el 31 de diciembre de 2001. Es decir que el senador se retiró casi cuatro años después de la fecha límite, pero igual recibió este dinero.
Según la sentencia, el oficialista argumentó que un acuerdo entre la Federación de Mineros y la Comibol, del 15 de noviembre de 2005, le permite cobrar esos beneficios sociales, pero el juez consideró que ese convenio no puede estar encima del DS 26464, por jerarquía jurídica.
El senador dijo que el plazo establecido en el decreto para acogerse a los pagos extraordinarios (31 de diciembre de 2001) no es una fecha límite para hacer el cobro, sino solamente el tope máximo para el cálculo del pago.
Por el contrario, a criterio del juez, el DS dispone que el pago extraordinario ya no se pueda hacer más allá de esa fecha.
En sus justificativos, el oficialista reconoció además que sí incurrió en un daño económico al Estado, pero de solo 3.958 dólares que corresponden al periodo entre el 31 de diciembre de 2001 y su renuncia en 2005, puesto que este tiempo no se debió tomar en cuenta para calcular su pago extraordinario.
A este punto, el juez insistió en que el pago en su totalidad fue indebido.
