El Tribunal Federal de Apelación del circuito 11 de Estados Unidos (EE.UU.), basado en Miami, rechazó un intento de desbaratar una demanda contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, por los sucesos de octubre de 2003.

La corte de apelaciones decidió devolver el caso al tribunal de distrito con el mandato de que se inicie la fase de exhibición de pruebas, informó una nota de prensa del departamento de derechos humanos de la Universidad de Harvard, EE.UU.

La estrategia de la acusación se basa en afirmar que los familiares de las víctimas no han logrado recibir justicia en su país de origen (Bolivia) y que por lo tanto pueden acudir a los tribunales donde los demandados residen (EE.UU.). Es la primera vez, dice el comunicado, que ello ha sido aceptado en Estados Unidos.

El fallo se basa en la lectura de la Ley de Protección de las Víctimas de Tortura (TVPA, por su nombre en inglés), que permite que las familias de los afectados presenten sus demandas por "ejecución extrajudicial" en tribunales de Estados Unidos, después de haber agotado los recursos disponibles en sus países de origen.

En mayo de 2015, como parte de este proceso, el expresidente respondió durante siete horas a las preguntas de los nueve abogados acusadores. Fue la primera vez que Sánchez de Lozada comparecía ante la justicia.

Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín declararon que los sucesos de octubre no implicaron "ejecuciones", sino que las muertes surgieron de represión policial y militar "legítima" destinada a mantener la paz social y que cualquier Estado tiene derecho a usar los mecanismos que le da la ley para evitar conflictos y sublevaciones.

Las familias de ocho personas muertas en los hechos de octubre, que dejaron más de 60 fallecidos cuando el Ejército y la Policía reprimieron movilizaciones y protestas contra el Gobierno de Sánchez de Lozada, realizan desde hace una década un juicio civil contra el exmandatario, que pese a los distintos obstáculos, dio ahora un paso importante.