Gabriela Zapata se acogió ayer al derecho del silencio en una nueva declaración que prestó ante la Fiscalía, no sin antes solicitar que se convoque a comparecer, en calidad de acusado, al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana. Así lo informó el abogado Eduardo León.

Según el fiscal asignado al caso, Daniel Ayala, confirmó que Zapata se acogió al derecho del silencio.

“La señora Gabriela Zapata se acogió al derecho del silencio”, dijo al salir del penal de Miraflores. Sin embargo, esta afirmación fue rechazada por León, quien aclaró que la comisión de fiscales, al momento de plantear las consultas a su cliente, no mostró las pruebas.

“Le preguntaron: ‘¿Usted ingresó ilegalmente al Ministerio de la Presidencia?’ ¿Dónde está el libro?, no hay libro, no hay, pedimos los registros en computadora y no hay, hay declaraciones de que ella habría ingresado y no hay, no hay nada”, cuestionó el jurista.

Además, aseguró que durante la comparecencia, la joven dijo: “me acojo al derecho al silencio, pero solicito y pido que se convoque al señor (ministro de la Presidencia) Juan Ramón Quintana, en calidad de sindicado porque él sabe bien a qué entraba, cómo entraba y cómo me autorizaba para que yo entre al Ministerio de la Presidencia”, contó el jurista.

La comisión de fiscales que investigan a Zapata se presentó ayer miércoles en la cárcel de Miraflores para tomar una nueva declaración a la joven, por el presunto delito de contribuciones y ventajas ilegitimas.

Según el fiscal Daniel Ayala, se presume que Zapata incurrió en este delito porque habría simulado una representación para usar las oficinas de la Unidad de Gestión Social, dependiente del Ministerio de la Presidencia.

OCTAVO DELÍTO

El nuevo proceso abierto que enfrenta Zapata es el octavo. Anteriormente fue por legitimación de ganancias ilícitas, uso indebido de influencias –en grado de complicidad– y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado debido a que usó bienes públicos con fines particulares.

Zapata se encuentra detenida de manera preventiva, acusada de entre otros cargos, por usar las oficinas de Gestión Social para fines privados.

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