La llamaron “la ley maldita”. Fue promulgada hace 22 años y uno de sus impulsores, Carlos Hugo Molina Saucedo, no quiere arrogarse su paternidad y prefiere atribuirlo a un momento de maduración histórica de Bolivia que abrió paso al hoy denominado proceso de cambio.
El 20 de abril de 1994, el entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada promulgó la Ley de Participación Popular. Según Molina, la norma fue el resultado de una serie de circunstancias. “Es que los hechos no se dan por generación espontánea. Son producto de procesos, de sumas, de acumulaciones”. En ese sentido, la ley, que tenía el número 1551, no hubiera sido posible sin la participación de organizaciones como la Central Obrera Boliviana, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia y la Confederación Nacional de Juntas Vecinales, esas que hoy en día son denominadas “movimientos sociales”.
Pero Molina no quiere hablar de paternidades ni enmarcar la participación popular como la voluntad de una sola persona o un partido.
Aún en su primer gobierno, Sánchez de Lozada era considerado un neoliberal, adscrito a modelos conservadores de Estados Unidos, y la participación popular era una medida que aún hoy puede ser calificada como “revolucionaria” y “de izquierda”.
“Y aquí habrá que reconocer la coyuntura extraordinaria que se da—dice—, porque hay una suma de personas y de oportunidades políticas”. En ese sentido, reconoce el aporte de Víctor Hugo Cárdenas, considerado el primer vicepresidente indio del país, y del Movimiento Bolivia Libre en el que Miguel Urioste había estudiando a fondo el problema de la tierra.
