Cristina Choque, ex jefa de la Unidad de Gestión Social, afirmó que el Ministerio de la Presidencia, de la cual es dependiente, tenía conocimiento de todas las actividades que se realizaba su unidad, por esta razón calificó de injusta su detención.
"Nos dedicábamos a realizar labores de asistencia social, en mis oficinas no se firmaban contratos ni había relación con empresarios (...). El Ministerio de la Presidencia tenía conocimiento de todas las actividades que hacía en la Unidad de Gestión Social", afirmó Cristina Choque en una entrevista con el periódico La Razón.
Choque quien se encuentra detenida en el penal de Obrajes de La Paz desde el 2 de marzo imputada por incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y uso indebido de bienes del Estado, señaló que le han dado una muerte civil pese a su larga trayectoria como militante del Proceso de Cambio y miembro activo del Movimiento Al Socialismo (MAS).
"Lo admiraba (a Evo), vi que era un líder, que él podía sacar a la gente de la pobreza", dijo Choque al periódico Página Siete, rememorando su vida sindical que comenzó cuando era estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad Mayor de San Simón.
Lamentó que "muchos que ni siquiera han alzado la bandera del MAS, ni en los momentos duros" estén ahora rodeando al Jefe de Estado. Indicó que por esa razón "el presidente Morales tiene que escuchar a la verdadera base, tiene que tener un tiempo para reunirse con la base, los militantes, no siempre a su entorno".
Choque está señalada de intermediar con la exgerente de la empresa China Camc y expareja del presidente Evo Morales, Gabriela Zapata, para gestionar contrato entre empresarios y el Estado.
La ex funcionaria también denunció que pese a tener un bebé de seis meses, la separaron de su trabajo y no respetaron la inamovilidad laboral. Lamentó que el juez no haya considerado la edad de su hija. "Me separaron de mis hijas (de 4 años y seis meses); es lo peor que pudieron hacerme", afirmó.
El Ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, que en anteriores declaraciones señaló que a fines de 2015 el Gobierno habría investigado el hecho para desvirtuar cualquier tipo de tráfico de influencias, como contraparte a estas declaraciones, se limitó a indicar que toda la investigación está cargo de la Fiscalía, misma que deberá responder.
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