El defensor del Pueblo, Rolando Villena, exigió ayer jueves al ministro de Gobierno, Carlos Romero, “respeto y prudencia que debe caracterizar a las personas de bien y cuando se refiera y especialmente al defensor del Pueblo”, y ratificó sus sospechas en sentido que el fallecimiento de cuatro ciudadanos extranjeros en Santa Cruz, se acomodaría a la figura de “muertes extrajudiciales”.
Villena reaccionó así luego que el ministro Romero manifestó el miércoles que el “defensor del Pueblo era un defensor de delincuentes” por haber cuestionado la labor de la Policía en ese operativo del 3 de marzo en Santa Cruz, donde los extranjeros, supuestamente atracadores, murieron en un cruce de fuego.
DERECHO A LA VIDA
El defensor le dijo a Romero que por mandato de la Constitución y de los tratados internacionales, el derecho a la vida es el primero de los derechos fundamentales de todas las personas, incluidos de las consideradas delincuentes, además que por mandato del Artículo 15 de la Constitución “toda persona tiene derecho a la vida”.
