La diputada Susana Rivero exhibió el domingo pruebas, que calificó irrefutables, y que demuestra la decisión unilateral e inconsulta de vaciar, a comienzos de la década de los años 90, los recursos de las corporaciones de desarrollo departamentales en una oenegé que pretendió, según la legisladora, funcionar como banco y terminó empozando 21 millones de dólares en manos de privados, a la sazón funcionarios, y que implica al entonces ministro de Planificación, Samuel Doria Medina, pasible de un juicio de resposnabilidades.
"Con la autorización de la Asamblea Legislativa corresponde remitir las pruebas a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para el inicio del juicio de responsabilidades, en aplicación del Código Penal", anunció Rivero en declaraciones al programa 'El Pueblo es Noticia' que difunden la radio y televisión estatales.
Se impulso un esquema de un modelo de desarrollo endógeno, propuesto por el econimista uruguayo Raúl Prebish a comienzos de los '60, las corporaciones regionales de desarrollo rigieron en Bolivia, como acicates de la producción, los años 70 y 80, en momentos en que el Estado, como ahora mismo, movía la economía.
Las corporaciones fueron desalojadas del Estado como parte de la aplicación del DS 21060, que impuso en Bolivia un nuevo modelo estatal y lanzó al país a las arenas de la economía de mercado en 1985.
Rivero expresó que los documentos de una investigación apuntan a que Doria Medina, ministro de la administración del entonces presidente socialdemócrata, Jaime Paz Zamora, es el "autor" de una suerte peculado con fondos de las corporaciones regionales de desarrollo con que se irguió el proyecto Focas, con que, a su vez, se cimentó Fundapro.
Rivero, que integra una comisión legislativa que investiga, en atributo constitucional, las supuestas irregularidades en la concesión oficiosa, por parte de Doria Medina, de $us 21 millones para el sostenimiento de Fundapro, denunció una retahila de malos manejos de los fondos públicos por Doria Medina que en declaraciones a la cadena de radio difusión Erbol se dijo acusado sin fundamento.
"Las acusaciones del Gobierno son ridículas, me acusan por la falta del número de carnet en un documento" y "no han podido encontrar ninguna anomalía en mi gestión" de ministro entre 1989 y 1993, sostuvo.
La legisladora del gobiernista MAS por el departamento Beni pidió a los gobernadores iniciar acciones penales contra Doria Medina.
Doria Medina, "en 1991, cuando fue ministro, suscribió unilateralmente una carta de implementación y decide cambiar el modelo de Estado y someter la soberanía de todos los bolivianos a las decisiones de la Usaid", deploró la asambleísta.
