Unidad Demócrata (UD) formalizó el 13 de noviembre su denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del proceso con miras a la reforma constitucional, que impulsa el oficialismo para posibilitar una nueva reelección de Evo Morales y Álvaro García Linera.
“El 13 de noviembre se ha presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la ciudad de Washington, nuestra demanda contra todo el procedimiento en el Legislativo, las actuaciones del Tribunal Constitucional y del Tribunal Electoral, con relación al proceso de la reforma constitucional para introducir (en la Constitución) una nueva reelección y con relación a la convocatoria al referendo”, dijo el senador opositor, Óscar Ortiz.

CONVOCATORIA
Para el 21 de febrero de 2016 está convocado el referendo a través del cual se tratará de modificar el artículo 168 de la Constitución Política del Estado (CPE) para que el presidente Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera puedan postularse en los comicios de 2019.
“Hemos demostrado ante la Comisión Interamericana cómo en Bolivia no se ha respetado el derecho a la defensa, el derecho al debido proceso, asimismo hemos demostrado cómo el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), en anteriores actuaciones, ha demostrado parcialidad con el Gobierno y con el oficialismo en Bolivia, y cómo no ha respondido las demandas, recursos e impugnaciones que hemos presentado (contra este proceso de reforma constitucional), antes de fallar favorablemente a la consulta del oficialismo”, declaró.
El 21 de octubre, el TCP declaró la constitucionalidad de la Ley de Reforma Parcial de la Constitución Política del Estado y ocho días después, la pregunta del referendo.
"Frente a ello hemos concluido en la demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitando que se falle en el fondo, disponiendo la anulación de todo lo actuado hasta el momento tanto en la Asamblea Legislativa, como en el Tribunal Constitucional y en el Tribunal Electoral, y hemos requerido que se disponga medidas cautelares para que no haya nuevas actuaciones como la realización del referendo, entre tanto la CIDH está revisando todo el procedimiento seguido para evitar nuevas vulneraciones a nuestros derechos fundamentales”, explicó Ortiz.
El 5 de noviembre, el presidente en ejercicio José Alberto Gonzales promulgó la ley para convocar al referendo del 21 de febrero en el que se consultará a los ciudadanos bolivianos si aprueban o no la reforma constitucional.