La Fiscalía General del Estado regionalizó los procesos abiertos de los presuntos daños al Estado con recursos del Fondo Indígena. En La Paz y Beni se concentran en número los proyectos irregulares que están siendo investigados por el Ministerio Público.
Para agilizar las investigaciones, el fiscal general, Ramiro Guerrero Peñaranda, declaró también en comisión especial al equipo de fiscales que en La Paz seguía los casos.
En La Paz se investigan 85 proyectos; en Beni, 17; en Tarija, 14; en Cochabamba, nueve; en Santa Cruz, ocho; en Chuquisaca, dos; en Oruro, dos; entre Oruro y Potosí, uno; y otro en Potosí.
“Se ha desconcentrado los procesos y hemos reconformado la comisión en La Paz para que trabaje de manera más continua. Se los está declarando en comisión para que puedan avanzar con la investigación y verificar en el lugar la existencia de estos proyectos. Hemos tomado la decisión de que avance con mayor celeridad este caso en todo el país”, dijo Guerrero.

CITACIONES
Guerrero anunció que luego de esta organización para agilizar los procesos, van a convocar a todas los funcionarios involucrados como testigos, víctimas o cómplices.
“La Fiscalía y esta comisión van a actuar con objetividad. Se está verificando la ejecución de estos proyectos, los descargos y, en base a eso, se va a ir convocando, ya sea en calidad de testigos o investigados, a las personas que correspondan”, explicó el funcionario. Y no descartó que dentro de las investigaciones se haga una auditoría forense y que para ello se sumarán profesionales de esta área.
La interventora del Fondo, Lariza Fuentes, identificó 1.100 proyectos irregulares que desembolsaron recursos en todo el país.
INFORMES BANCARIOS
El 8 de octubre, Fuentes pidió informes a las entidades financieras en las que se depositaron los recursos de la entidad para financiar los proyectos para los beneficiarios.
“Dentro de los procesos investigativos, se está investigando. Se está solicitando que los bancos informen sobre qué es lo qué han hecho con los dineros, cuál ha sido el movimiento, qué se ha hecho en estas cuentas”, manifestó a El Deber.
Fuentes recordó que existe el secreto bancario del manejo de las cuentas de las personas, por lo que la investigación se la hace con orden judicial.