Hace siete meses que el Ministerio Público encara más de 70 procesos por el presunto desvío de recursos económicos del ex Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (Fondo Indígena).
Hasta ahora, son 286 investigados en esos procesos y por la gran cantidad de recursos (se habría transferido Bs 341.440.752 a los proyectos cuestionados), la Fiscalía General decidió citar a la dirigencia de las confederaciones que conformaron la Directiva del Fondo para que aporten al esclarecimiento de las denuncias.
Además, definió regionalizar las investigaciones donde se tenía que ejecutar las obras.
“Cuando los procesos estén en cada departamento, van a ser convocadas todas las personas y dirigentes que estén de una u otra forma, dentro de las investigaciones de este caso ”, anunció el fiscal general, Ramiro Guerrero.
En ese sentido, el fiscal departamental de La Paz, Marcelo Rollano, explicó que la dirigencia podrá facilitar la investigación, proporcionando información de cada proyecto, cada obra en ejecución y de cómo desarrollaron sus descargos.
“Así se evaluará si alguna persona tiene responsabilidad, ya sea por una conducta omisiva o una participación activa en los procesos”, indicó.
La ministra de Transparencia, Lenny Valdivia reconoció algunas limitaciones y retrasos de las investigaciones en el Ministerio Público.
Pero destacó “la buena voluntad y coordinación del propio fiscal general”.
El 46,8 % de los 1.100 proyectos que identificó la interventora de la entidad, no cumplen con la ejecución de obras que fueron convenidas con comunidades indígenas y campesinas y otras que ya fueron denunciadas por la Contraloría.
La Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (Cscib) que recibió 357 proyectos; la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) un total de 289; y la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígena Originarias de Bolivia Bartolina Sisa (Cnmciob-Bs) con 180 obras, fueron las organizaciones que recibieron Bs 538.3 millones, es decir, el 73,81 % del total de los recursos de las ocho organizaciones que formaron parte del directorio.
Cada uno por su lado, los principales ejecutivos sindicales, aseguraron que es la Fiscalía la que debe investigar, junto a la liquidadora, para transparentar los casos.