En 2007, Transporte Aéreo Militar (TAM) desembolsó la suma de 1.313.444,01 Bolivianos para la compra de repuestos de aeronaves (BAe-146-200).
Desde ese año hasta 2014 se identificó descargos irregulares, y se desconoce el destino de los mencionados repuestos, por lo que un informe de auditoría concluyó “que existe evidencia suficiente para establecer un posible daño económico”.

EL HECHO
Si bien el hecho sucedió en 2007, la querella se presentó en 2014 y los principales señalados ocupan actualmente altos cargos en la institución castrese.
En primera instancia, se atribuyó la responsabilidad de realizar descargos de estos recursos al coronel Marco Antonio Benavides, que fungía como responsable de adquisiciones el Departamento IV de la FAB.
Sin embargo, el informe de auditoría reveló que no existen firmas ni cheques girados a esta persona, por lo que se descartó la culpabilidad del oficial de los recursos desembolsados.
En 2014, Benavides inició una querella penal en contra de los supuestos responsables de este ilícito, por el delito de enriquecimiento ilícito, incumplimiento de deberes y encubrimiento.
“La cuestión es que desde el 2007, momento en que se realiza esta supuesta transacción hasta el año pasado, mi cliente ha sido intimado constantemente, a presentar descargos y ni siquiera querían extenderle una copia legalizada del cargo de cuentas que se le atribuía, razón por la cual hemos tenido que recurrir al Ministerio Publico querellándonos en contra de estas personas”, indicó el abogado del oficial, Ramiro Cabrera a la agencia ANF.
El abogado dijo que en primera instancia la querella fue realizada en contra de Julio César Villarroel (gerente del TAM), Jaime Flores (director financiero del TAM en 2007), Emeterio Diaz Jachu (jefe de auditoria) y Elizabeth Lema, de los cuales solo se imputó a Flores. Pero, Cabrera indicó que se amplió la querella en contra de José Ramiro Callapa Cano (tesorero del TAM), a raíz de que los cheques fueron girados a su nombre.
Según el abogado, los supuestos requerimientos de recursos para la compra de los supuestos repuestos habrían sido realizados a nombre de su cliente, pero, Benavides jamás recibió ningún cheque, y mucho menos firmó un cargo de cuentas.
En este proceso administrativo se violó el conducto regular ya que se habría girado cheques directamente a nombre de una persona sin pasar por la autorización de oficiales de otras áreas superiores; en este caso el procedimiento correcto es que los cheques tendrían que haber salido a nombre de la empresa de la cual se adquiría los repuestos, previa cotización, para luego realizar la facturación y descargos correspondientes, cosa que no se hizo.