50 MILLONES
de dolares es la suma que Bolivia deberá cancelar, aunque Quiborax demandaba, al menos, 160 millones de dólares ante el Ciadi.
Ayer se conoció la resolución de un tribunal internacional que investigó problemas entre el estado boliviano y una empresa nacional y que, luego de nueve años de litigio, le dio la razón al chileno Allan Fosk.
El fallo establece que Bolivia deberá pagar 50 millones de dólares estadounidenses por haber caducado una concesión minera en el Salar de Uyuni, según publicó la revista chilena "Qué pasa".
El chileno es dueño de Química e Industrial de Bórax (Quiborax), una firma que, además de concesiones en Arica, cuenta con yacimientos en el Salar de Uyuni, a través de Non Metalic Minerals, una empresa boliviana de la cual, el chileno es dueño en un 51 por ciento.
Esta sociedad cuenta con depósitos de bórax, un elemento estratégico en el área agropecuaria, industrial y del rubro de los fertilizantes desde la gestión 2001, cuando le compró las siete minas ricas en bórax a Río Grande del Sur.
EXPLICACIÓN
Lo que ocurrió en 2004 fue que Bolivia, bajo la administración del presidente Carlos Mesa Gisbert, le revocó a Quiborax la concesión minera en Uyuni, provocando una severa crisis en el negocio.
Si bien las partes intentaron llegar a un acuerdo, las tratativas fracasaron, y por ello la firma nacional demandó en 2006 al estado Boliviano por 66 millones de dólares estadounidenses ante el Ciadi –que depende del Banco Mundial– para, de ese modo, “compensar” sus inversiones y los perjuicios sufridos por la pérdida de la concesión.
En este periodo, Bolivia ha objetado que el Ciadi tenga jurisdicción para investigar el conflicto, pero ese argumento fue desechado.
También ha cuestionado las escrituras de concesión de Non Metalic Minerals, lo que terminó con un juicio penal del estado boliviano en contra de los socios de las empresas que pidieron la demanda arbitral: Fosk, y su socio boliviano, David Moscoso Ruiz.
Si bien el juicio continúa abierto, ha sido el propio tribunal del Ciadi el que conminó al estado boliviano a terminar con la investigación judicial.
Paralelamente, las partes presentaron sus respectivas pruebas y se mantuvieron alertas hasta escuchar la resolución de del día de ayer.
