La juez Iris Justiniano ordenó la libertad irrestricta de Adolfo Chávez, dirigente de la Cidob, que fue imputado por presuntas irregularidades en un proyecto financiado por el Fondioc. La audiencia cautelar se realizó ayer en Santa Cruz.
La defensa de Chávez solicitó que la audiencia y todo el proceso en su contra se realice su idioma materno, el tacana y bajo los procedimientos que tiene este pueblo para procesar a sus miembros, bajo la jurisdicción indígena, por lo que se determinó el archivo de obrados.
Lariza Fuentes, interventora del Fondo Indígena, liquidado por decreto supremo, anunció que se apelará la decisión y además se denunciará a la juez que aceptó la petición de la defensa del dirigente indígena.
Chávez fue aprehendido la noche del jueves por la Fiscalía, que lo acusa de presuntas irregularidades en la administración de un proyecto de 902.000 bolivianos, que fue financiado con recursos del Fondo Indígena.
El titular de Cidob ya había denunciado meses atrás que lo habían involucrado en las investigaciones por supuesta corrupción en el manejo de recursos del Fondo Indígena, ocultando una parte de la documentación de descargo de la ejecución de Bs 900.000 invertidos en la Escuela de Proyectos.
En agosto pasado, Chávez declaró que "la segunda parte de esos recursos no se rindió (cuentas) por unas cuestiones administrativas que solamente los técnicos Shirley Villegas y Pedro Ágreda conocen”. El representante indígena vio presiones políticas en su contra.
La defensa había denunciando que no se dejó presentar los descargos que demuestran que la responsabilidad del desvío de recursos es de dos dos técnicos, que no rindieron cuentas y que estarían siendo protegidos por el Gobierno.
El viernes, el excandidato a la Gobernación de Chuquisaca, Damián Condori, denunció que el Gobierno usará el caso del Fondo Indígena, para perseguir a los dirigentes originarios que son opositores.