Luego del informe presentado por la interventora del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Comunidades Campesinas, el Gobierno demanda seguir con los procesos penales iniciados y, además, establecer auditorías especiales a los proyectos fantasmas y aquellos cuyos convenios fenecieron y tuvieron desembolsos.
“Hay temas pendientes, 56 procesos penales en curso, hay que saber qué se va a hacer con los proyectos donde los beneficiarios presentaron descargos y la ejecución de auditorías en casos que correspondan. De los 1.100 proyectos, se ha constatado que 30 no existen y hay 884 proyectos que ameritan un procesamiento vía administrativa y que seguramente ya se va a tomar una decisión como lo anunció el presidente”, explicó la ministra de Transparencia, Lenny Valdivia.
En este caso, explicó que los funcionarios estatales pueden instruir la ejecución de auditoría especial cuando advierten un riesgo en la gestión o presuntas irregularidades.
A través de este mecanismo, se efectúa una evaluación del proyecto y se pueden determinar responsabilidades administrativas, ejecutivas y penales, en el marco de la ley 1178 y el reglamento de responsabilidad por la función pública.
El subcontralor de Servicios Legales de la Contraloría General del Estado, Edino Clavijo, manifestó que se dejó en manos de la intervención y la Fiscalía las investigaciones de los proyectos. Pero, no descarta un nuevo informe sobre el Fondo.
“Sería ocioso un trabajo mayor de la Contraloría, pero bajo ninguna circunstancia se puede descartar un nuevo trabajo, si se advierte otro hecho irregular donde el Ministerio Publico no esté indagando”, indicó.
Esta entidad fue la primera en denunciar 153 proyectos del Fondo, y calculó un daño económico al Estado de 71 millones de Bolivianos. En total, se hizo conocer que el impacto era de al menos Bs 173 millones (71 millones más 102 millones).

DECRETO SUPREMO
El miércoles, el presidente Evo Morales declaró que a la cabeza del vicepresidente, Álvaro García Linera, se debatía un decreto supremo para terminar la intervención, elegir a una nueva administración, y, además, conformar un equipo para encontrar a quienes hicieron mucho daño al Fondo y sean procesados, caiga quien caiga.
Adelantó que en los próximos días se designará a un nuevo director e informó que su gabinete de ministros, a la cabeza del vicepresidente, trabaja en el decreto que definirá de mejor forma a qué se deben destinar los recursos.
El viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, Alfredo Rada, anunció que el decreto tardará aún unos días, pero que la normativa aplicará una profunda reestructuración.
Rada defendió al Pacto de Unidad -que son las organizaciones sociales con dirigentes afines al Movimiento Al Socialismo (MAS)-, de las acusaciones de la oposición que los responsabilizaba de los supuestos desfalcos.
Durante la intervención se evidenció la existencia de 30 proyectos "fantasmas", a los que se destinaron 14.514.349,97 Bolivianos. El daño económico supera en Bs 30 millones, lo calculado por la Contraloría General del Estado, que después de una auditoría se habló de Bs 72 millones.