La Defensoría del Pueblo hizo una verificación en 63 juzgados y tribunales en materia penal de 16 ciudades del país y evidenció que los mismos concentran más de 28 mil casos, lo cual contribuye a que la mora judicial en Bolivia persista.
El informe, presentado este lunes, detalla que los 63 juzgados y tribunales en los que se realizó la verificación defensorial tienen más de 28.000 casos radicados, de los cuales los juzgados de instrucción penal cautelar concentran 21.600, los tribunales de sentencia 1.592 y los de ejecución penal 4.902.

RESULTADOS
Estas cifras demuestran que la cantidad de casos en la etapa de juicio oral es menor en relación a causas que están en la etapa preliminar.
“El Alto es la ciudad que más casos concentra con 4.000; seguida de Sucre con 3.525; Cochabamba y La Paz con más de 3.300 cada una”, agrega el informe.
El defensor del Pueblo, Rolando Villena, dijo que se identificó que las condiciones de trabajo y la excesiva demanda no atendida, están afectando la atención adecuada de los procesos penales e incrementando la mora judicial.
“Lo que vulnera los derechos de las ciudadanas y ciudadanos que tienen casos pendientes, especialmente de las víctimas”, remarcó.
La verificación –que se hizo en enero a 25 Juzgados de Instrucción Penal, 22 Tribunales de Sentencia y 16 de Ejecución Penal– revela, además, que en algunas ciudades no se cuentan con ambientes aceptables para el trabajo que se realiza.
La situación también es crítica en cuanto al mobiliario que resulta insuficiente para todo el personal, debiendo muchas veces compartir escritorio y, en algunos casos, por la falta de estantes, los expedientes son colocados en el piso.
El informe del Defensor indica que en un juzgado, las mesas incluso son prestadas y también se detectaron casos en los que tuvieron que ser compradas con dinero de los servidores públicos, situación que se repite en el caso del material de escritorio, evidenciándose que en un Tribunal de El Alto, los funcionarios deben llevar sus propias hojas bond, cartulinas u otro accesorio de escritorio.
Respecto a la cooperación existente entre los juzgados, tribunales y el Ministerio Público y el Servicio Plurinacional de Defensa Pública, el informe señala que en La Paz, Sucre, Tarija, Cochabamba y Oruro, la cooperación es inexistente, mientras que en Potosí, Cobija, Santa Cruz, El Alto y Trinidad es escasa y no uniforme en todos los juzgados y tribunales.
El informe destaca también que, para evitar la retardación de justicia, algunos juzgados realizan el trabajo fuera de los horarios establecidos y realizan audiencias de inmediato, en especial de casos donde la víctima es un niño, niña o adolescente.