Los medios y ONGs con una línea crítica o independiente frente al Gobierno de Evo Morales ven hoy amenazada su existencia, en el primer caso porque los excluyen de la publicidad, estatal y, en el segundo, por normas que restringen su trabajo, según publica la agencia internacional de noticias EFE.
Una de las periodistas más influyentes de Bolivia, Amalia Pando, denunció esta semana la severidad con la que el Gobierno margina de los avisos comerciales del Estado a la radio católica Erbol por su línea crítica, al punto de poner en riesgo su supervivencia.
"El Gobierno no ha mandado a clausurar Erbol con militares, pero lo está haciendo por la vía de la asfixia económica. Eso no es acoso, esto es una asfixia económica para matar a un medio de comunicación", dijo Pando en entrevista con El Deber.

DIMISIÓN
La informadora, que es una de las periodistas más críticas frente al Gobierno y con gran audiencia radial en el país, anunció su dimisión tras diez años en Erbol para ver si la empresa puede salvar el cuello de su crisis económica.
"Sé que el Gobierno ha pedido mi cabeza reiteradamente, y entonces se la entrego", sostuvo Pando, cuyo "harakiri" ha sido lamentado por varios de sus colegas periodistas y analistas.
El de Pando, Premio Rey de España 1992, no es el único caso de un informador que abandona un medio privado o es cesado por las controversias que causa su información relacionada con la gestión del Gobierno o las propias autoridades.

"AUTOCENSURA"
El rector de la Universidad Mayor de San Andrés y ex Defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, dijo este viernes que le preocupa que los periodistas dejen sus puestos de trabajo "porque sienten que hay una presión desde la instancia de poder a sus medios".
"No podemos dar lugar a la autocensura", sostuvo en Erbol.

ASFIXIA
Más allá de casos puntuales, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), que agrupa a la mayoría de los dueños y directores de medios impresos del país, hizo conocer una denuncia parecida en una carta enviada al Papa Francisco cuando visitó Bolivia en julio pasado.
La ANP denunció en la misiva que hay una "sistemática asfixia a los medios independientes a través de injustos tributos, por una fiscalización destinada a generar temor y autocensura y por las constantes agresiones a periodistas".
Morales siempre ha defendido que en su país la libertad de expresión no está en riesgo e incluso que hay medios opositores, pero las denuncias en sentido de que el Gobierno usa la publicidad estatal para controlar los medios son frecuentes.
Técnicamente, según ha sostenido el Ejecutivo, se analizan criterios como el alcance de los medios, el público objetivo, el equilibrio y veracidad para definir el reparto de la publicidad estatal.
La sensación de que la propia existencia institucional está en riesgo también se ha extendido a las organizaciones no gubernamentales (ONG) por nuevas normas que han sido demandadas ante el Tribunal Constitucional, pero también por amenazas directas.
La organización Human Rights Watch (HRW) hizo conocer el 5 de agosto al Constitucional una opinión jurídica a propósito de una demanda de la Defensoría del Pueblo que cuestiona una ley y un decreto de 2013 porque "otorgan al Gobierno amplias facultades para disolver organizaciones no gubernamentales".
Según el director de HRW para las Américas, José Miguel Vivanco, Bolivia "debería derogar inmediatamente estas restricciones para asegurar que los defensores de derechos humanos puedan llevar adelante su trabajo libremente".