El jefe de bancada de Unidad Demócrata (UD) en el Senado, Óscar Ortiz, pidió sancionar a los legisladores que decidieron postergar, por un año más, la aplicación del Código Procesal Civil, puesto que esta medida provocará “un perjuicio enorme para el país”.
El 31 de julio, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) determinó suspender la aplicación del Código Procesal Civil.
Debido a la falta de difusión se decidió postergar su aplicación hasta febrero de 2016.

DILATAR APLICACIÓN
El senador de la oposición recordó que en el pasado algunos magistrados fueron sancionados por dilatar la aplicación de una norma, por lo cual exigió las sanciones correspondientes a los asambleístas que apoyaron la postergación de la ley que, según Ortiz, “es una de las más importantes para el país”.
“La presidencia de la Asamblea Legislativa y la presidencia de ambas cámaras (Senadores y diputados), y miembros del órgano judicial tienen que asumir sus responsabilidades, porque si a tres magistrados se los suspendió por dilatar la aplicación de la Ley del Notariado, imagínense el Código Procesal Civil, es una norma mucho más importante, y ya lleva dos años de atraso”, manifestó Ortiz a los medios de comunicación.
Según el jefe de bancada de UD, esta medida demuestra el fracaso del oficialismo y de los denominados “Códigos Morales”, ya que “las autoridades del MAS (Movimiento al Socialismo) no han tenido la capacidad para ponerlos en aplicación”.
La Cámara de Senadores, aprobó el 5 de julio el Proyecto de Ley 232 que modifica las vigencias plenas del Código Procesal Civil y el Código de Familias y del Proceso Familiar, además de algunos cambios de forma en su redacción.
Dentro de las modificaciones en el Código Procesal Civil se establece que la Sala Plena del Consejo de la Magistratura elaborará el Plan de Implementación de este Código dentro los tres meses siguientes a la promulgación de la ley, en consulta con el Tribunal de Justicia, la Escuela de Jueces del Estado, un representante del Ministerio de Justicia y las cámaras de la ALP.
Esta propuesta de modificación crea una comisión especial como instancia de decisión y de fiscalización del proceso de seguimiento e implementación del Código, la que será presidida por las presidencias de las cámaras de Diputados y Senadores de la Asamblea Legislativa.
Esta comisión estará conformada por el ministro de Justicia, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo de la Magistratura y el presidente del Tribunal Constitucional.