La Misión de Investigación de la ONU para Irán asegura que existen «motivos razonables» para creer que Estados Unidos cometió crímenes de guerra en dos ataques lanzados en el inicio de la guerra contra territorio iraní, mientras también acusa a Irán de posibles crímenes, en su caso de lesa humanidad, por su violenta represión de las protestas previas al conflicto.
En un informe que presentará ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, publicado este jueves, la misión ve supuestos crímenes de guerra por parte de Estados Unidos en los bombardeos que el 28 de febrero, primer día de la ofensiva, dirigió contra una escuela en Minab y una zona residencial en Lamerd, ambas en el sur de Irán.
En el ataque de Minab, que causó la muerte de más de 150 personas, entre ellas unos 120 menores, Estados Unidos «cometió el crimen de guerra de lanzar un ataque indiscriminado con muerte y lesiones a civiles o daños a bienes de carácter civil», según señala el informe, el primero que da a conocer la misión, creada tras el inicio de la guerra.
«Imprudencia temeraria»
Las fuerzas norteamericanas actuaron «deliberadamente» y «siendo conscientes de que existía un riesgo considerable de alcanzar un interés de carácter civil, actuando con imprudencia temeraria», agregó la misión.
En similares términos se refirió el grupo de expertos respecto al ataque a una zona poblada de Lamerd, que alcanzó un centro deportivo, una escuela primaria adyacente y edificios residenciales, causando al menos 22 muertos.
En aquel bombardeo se utilizó un misil PrSM que dispersó unos 180.000 fragmentos de tungsteno sobre una amplia zona, lo que «dadas las circunstancias imperantes, no podía dirigirse contra un objetivo militar específico ni podía limitar sus efectos sobre civiles, como exige el derecho internacional humanitario».
Represión del régimen iraní
Respecto a Irán, la misión concluye que muchas de las graves violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen constituyen los crímenes de lesa humanidad de asesinato, encarcelamiento, tortura y otros actos inhumanos dirigidos contra una población civil.
En las protestas de finales de 2025 y principios de 2026, las fuerzas de seguridad iraníes «utilizaron fuerza letal para matar y herir a manifestantes y transeúntes, incluidos niños», destacó el informe de 18 páginas.
La violenta represión «supuso una escalada sin precedentes respecto a anteriores campañas represivas», con uso generalizado de la fuerza letal, lo que provocó asesinatos y heridas masivas, así como detenciones a gran escala.
La misión no da una cifra completa de víctimas de la represión durante las protestas, pero sí indica que murieron al menos 221 niños.
Agrega que las fuerzas de seguridad utilizaron armas y munición fuera de los parámetros establecidos para su uso, causando la muerte o heridas a manifestantes, y dentro de los hospitales «sometieron a pacientes, personal médico y familiares a un uso innecesario de la fuerza, detenciones arbitrarias y hostigamiento».
Además, las autoridades obstaculizaron que los manifestantes pudieran acceder a atención sanitaria esencial, incluso impidiendo el acceso a tratamientos urgentes.
Miles de muertos en dos días
Según las autoridades iraníes, en dos días de represión, el 8 y 9 de enero, el número de muertos fue de 3.117, pero organizaciones de derechos humanos como la opositora HRANA, con sede en Estados Unidos, elevan esa cifra a más de 7.000.
Tras esa represión se intensificó el uso de la pena de muerte contra manifestantes, y entre marzo y agosto al menos 29 hombres fueron ejecutados por su participación en las manifestaciones tras juicios acelerados, señaló la misión, alertando que otras 70 personas están en riesgo de ser ejecutadas.
Los civiles iraníes, grandes víctimas
A la luz de estos abusos, el informe concluye que la población civil de Irán «se encuentra atrapada entre las graves violaciones de los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad cometidos por su propio Gobierno y el mortífero conflicto del país con Estados Unidos e Israel».
Pide por ello a los gobiernos iraní y estadounidense que pongan fin a las violaciones de derechos humanos, proporcionen garantías de no repetición y reparaciones a las víctimas y al Estado perjudicado.
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