El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero solicitó a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que frene la decisión del juez José Luis Calama de investigar sus negocios e intermediaciones en Bolivia dentro del proceso judicial conocido como el caso Plus Ultra. Mediante un recurso de apelación, la defensa del exmandatario demandó limitar las pesquisas a la aerolínea rescatada en 2021 por el Ejecutivo de Pedro Sánchez y apartar del procedimiento el informe policial que indaga sus actividades en territorio boliviano.

El abogado del exjefe de Gobierno, Víctor Moreno Catena, sostuvo en el recurso que el magistrado instructor concedió una “patente de corso” a la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía Nacional para escudriñar la vida de su representado sin límites, según informó este lunes el “El Español”. La defensa argumentó que la hipótesis judicial sobre una supuesta red no puede operar como justificación para expandir la causa, remarcando que “afirmar que hay una red con fines delictivos y luego emprender la búsqueda de más de un delito que demuestre que existe esa red alberga un razonamiento falaz”. Asimismo, insistió en que los ingresos percibidos por labores profesionales en el país andino son “ajenos a la organización que la UDEF atribuye al señor Zapatero”.

En su fundamentación jurídica, la representación legal alegó que la línea investigativa es prospectiva e infringe el principio de especialidad de la Ley de Enjuiciamiento Criminal española. El recurso enfatizó que el informe policial “aprovecha la ingente información incautada en las entradas y registros para indagar en una actividad profesional respecto de la que no tenía sospechas de ilicitud, ni estaba en la órbita de las empresas cuya actividad podía generarles alguna duda”, motivo por el cual solicitó formalmente que el documento sea excluido de la causa para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva.

La investigación policial que la defensa busca anular refiere que Zapatero incurrió en un presunto tráfico de influencias en beneficio del conglomerado peruano Grupo Gloria y su subsidiaria, la Sociedad Boliviana de Cementos (Soboce). Dicha compañía tiene una condena del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia que la obligaba a pagar cerca de 107 millones de dólares a la cementera chuquisaqueña Fancesa por competencia desleal. De acuerdo con el informe de la UDEF, el expresidente español intervino ante altas autoridades bolivianas, entre ellas el mandatario Luis Arce, los ministros de Economía y Justicia, y de manera indirecta ante el Procurador General del Estado, gestiones por las cuales habría cobrado 200.000 euros camuflados mediante contratos de asesoría con la firma limeña Focus Social Research SAC.

El recurso ante la Sala de lo Penal responde al pronunciamiento previo del juez Calama, quien avaló la incorporación de dichos pagos a las diligencias al considerar que no existió una fiscalización indiscriminada, sino “la consecuencia natural del análisis de fuentes de prueba válidamente obtenidas en el marco de unas diligencias judiciales que ya estaban en curso”. El magistrado instructor determinó en su momento que tales elementos “permiten que afloren hechos inicialmente no previstos pero dotados de verosimilitud delictiva”, criterio que ahora el tribunal superior de la Audiencia Nacional deberá ratificar o desestimar.

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