La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, acusó este viernes a la Corte Penal Internacional (CPI) de acumular expedientes para agredir a los pueblos del «sur global», entre ellos el país suramericano, por lo que reiteró la decisión de retirar definitivamente a su nación de este organismo.
«Creemos en una justicia verdadera, pero en su historial ha acumulado un expediente para agredir al sur global, a los pueblos del sur, incluida Venezuela», indicó la mandataria en un acto de ascensos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
Rodríguez dijo que no cree en ese tipo de institución porque, a su juicio, la corte internacional ha agredido a Venezuela.
«Creemos en un relacionamiento basado en el respeto del derecho internacional», subrayó.
Hora antes, el canciller de Venezuela, Félix Plasencia, anunció la decisión «firme e irrevocable» del Gobierno de renunciar al Estatuto de Roma, al considerar que la CPI actúa con un «sesgo» que concentra su labor de forma «desproporcionada» en países africanos y latinoamericanos y responde a intereses ajenos a la justicia internacional.
La decisión fue comunicada, según Caracas, al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.
Por su parte, la CPI lamentó la decisión de Venezuela de retirarse como miembro del tribunal y le recordó que la renuncia no tendrá efectos inmediatos, ya que el país seguirá siendo parte del organismo durante un año, y mantendrá también sus obligaciones de cooperación con las investigaciones y procedimientos ya iniciados en los últimos años.
En una reacción compartida con la prensa en La Haya, la Corte señaló que todavía no ha recibido la notificación formal de la retirada a través de la Oficina de Tratados de Naciones Unidas, aunque subrayó que adherirse o abandonar un tratado internacional «sigue siendo un derecho soberano de los Estados conforme al derecho internacional».
El tribunal recordó que, de acuerdo con el artículo 127 del Estatuto de Roma, su tratado fundacional, la retirada solo surtirá efecto un año después de que la notificación sea depositada ante Naciones Unidas.
La investigación de la CPI sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, abierta en 2018 tras una remisión de varios Estados, permanece activa.
Aunque la Fiscalía cerró en diciembre pasado su oficina técnica en Caracas por la falta de «progreso real» en materia de complementariedad, dejó claro entonces que los investigadores de la oficina del fiscal en La Haya continuarán con las pesquisas.
En 2023, la Corte rechazó los intentos del Gobierno venezolano de frenar la investigación al considerar insuficientes las actuaciones de la justicia nacional y autorizó a la Fiscalía a reanudar plenamente las pesquisas sobre los presuntos crímenes cometidos desde 2017.
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