El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, actualmente detenido en Estados Unidos, envió una carta a un juez federal en la que denuncia presuntas vulneraciones a sus derechos, posibles actos de extorsión y restricciones en su acceso a una defensa legal independiente, en la antesala del juicio en su contra.
En el documento, Marset sostiene que desde el inicio de su detención se han producido “graves violaciones a mis derechos fundamentales”, las cuales, según afirma, deben ser revisadas por la autoridad judicial para garantizar un proceso justo. El acusado asegura que los hechos que describe habrían ocurrido desde su llegada a territorio estadounidense y durante los primeros interrogatorios.
Entre sus principales señalamientos, Marset afirma que agentes vinculados a la Drug Enforcement Administration (DEA) habrían solicitado acceso a su billetera de criptomonedas, cuyo valor estima en cerca de 4 millones de dólares. También indica que se habría contactado a su familia para obtener información vinculada a las claves de acceso.
El detenido cuestiona además la actuación de su equipo legal actual, al señalar que “mis abogados actuales se han negado a denunciar estos hechos o a presentar mociones para apartar del caso al Fiscal Federal Adjunto”, según expresa en su carta. Asimismo, afirma que pese a haber sido informadas las autoridades fiscales, no se habrían adoptado medidas, lo que califica como un posible encubrimiento.
En otra parte de la misiva, Marset denuncia presuntas presiones para aceptar un acuerdo de culpabilidad. Asegura que habría sido advertido de que podrían sumarse nuevos cargos en su contra si no accede a dicha negociación.
El acusado también señala que su entorno familiar presentó denuncias ante distintas instancias de supervisión del Departamento de Justicia de Estados Unidos, incluyendo la Federal Bureau of Investigation (FBI) y oficinas internas de control del United States Department of Justice. Además, afirma que habría existido dificultad para concretar reuniones con nuevos abogados.
Por ello, solicita al juez que se garantice el acceso a una nueva defensa legal y que se tomen medidas para evitar cualquier contacto con agentes involucrados en su caso durante traslados o procedimientos judiciales.
“Mi único deseo es tener acceso a una representación legal adecuada y a un proceso justo”, señala Marset en su carta, donde también afirma: “No soy culpable de los cargos que se me imputan y estoy preparado para demostrarlo”.
Sebastián Marset fue capturado en Bolivia el 13 de marzo en Santa Cruz de la Sierra. Posteriormente fue expulsado y trasladado a Estados Unidos, donde permanece recluido en una prisión federal a la espera de su juicio, previsto para el 1 de julio, tras un acuerdo entre las partes para ampliar el tiempo de preparación del proceso.
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