El Gobierno colombiano cesó este miércoles las funciones del encargado de la embajada de Bolivia en Bogotá, Ariel Percy Molina Pimentel, en reciprocidad a la decisión de ese país de expulsar a la embajadora colombiana, Elizabeth García, alegando «injerencia» en asuntos internos.
El Ministerio de Relaciones Exteriores señaló en un comunicado que «se vio precisado a declarar, por reciprocidad, la conclusión de sus funciones al señor Ariel Percy Molina Pimentel, encargado de oficina de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Colombia».
Todo comenzó el domingo cuando el presidente colombiano, Gustavo Petro, al referirse a las protestas en Bolivia, dijo que ese país vive una «insurrección popular» que, a su juicio, es una «respuesta a la soberbia geopolítica».
Esto en referencia a las protestas y bloqueos de carreteras impulsados por sectores campesinos, la Central Obrera Boliviana (COB) y afines al exmandatario boliviano Evo Morales, quienes exigen la renuncia del actual presidente, Rodrigo Paz.
Más de 15 días de crisis en Bolivia
El presidente Paz afirmó que esas declaraciones de Petro son un «ataque a la democracia» porque «él ha preferido su ideología que, parece, carece de conceptos democráticos, por encima de las relaciones y el respeto a la democracia de nuestras naciones».
En ese sentido, la Cancillería colombiana señaló hoy que «no ha mediado por parte de ningún funcionario o miembro del Gobierno nacional, el interés o el propósito de inmiscuirse en los asuntos internos de Bolivia».
«Consecuentemente ratifica su compromiso con los principios de igualdad soberana; no intervención en asuntos internos de los Estados; la autodeterminación de los pueblos; la solución pacífica de las controversias; y el respeto a la integridad territorial», añadió la información.
Petro, entre tanto, ofreció la disposición de su Gobierno, que concluye el próximo 7 de agosto, para contribuir a una salida pacífica de la crisis. También pidió que «no haya presos políticos en ninguna parte de las Américas» y llamó a construir una «democracia profunda, multicolor» en la región.
La crisis, que comenzó a principios de mes por reclamos salariales, escasez y mala calidad de combustibles y el rechazo a varias reformas, derivó en pedidos de renuncia contra Paz, quien asumió el poder hace solo seis meses.
Los bloqueos de carreteras y las protestas se concentran principalmente en las ciudades de La Paz y El Alto, ambas en el departamento de La Paz, donde participan sindicatos, campesinos aimaras y sectores afines al expresidente Morales (2006-2019).
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