La Justicia argentina ratificó este viernes la vigencia de la totalidad de la reforma laboral impulsada por el Gobierno del presidente Javier Milei, y dejó sin efecto una medida cautelar que había suspendido 82 de los 218 artículos de la ley, tras una solicitud de la Confederación General del Trabajo (CGT), principal central obrera del país suramericano.
Un fallo del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N°12, a cargo de Macarena Marra Giménez, resolvió revocar la medida cautelar dictada el pasado 30 de marzo por el foro laboral que suspendía gran parte de la ley aprobada por el Congreso en febrero de este año, por afectar derechos laborales y sindicales.
La magistrada argumentó la anulación de la medida ya que “la lesión de los derechos o garantías invocada en la demanda no surge de forma clara e inequívoca”, debido a la amplitud de temas incluidos en la reforma laboral.
El Ejecutivo había planteado que la causa debía tramitarse en el fuero contencioso administrativo, por tratarse de una discusión sobre la validez de una ley nacional, y presentó una inhibitoria ante la Justicia contencioso administrativa para que los tribunales laborales dejaran de intervenir.
El pasado 10 de abril, Marra Giménez se declaró competente para intervenir en la causa y reclamó la remisión del expediente principal desde el fuero laboral.
La definición del pulso judicial
El pasado 23 de abril, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de Argentina decidió anular la cautelar que suspendía los 82 artículos de la ley, mientras que días después la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ratificó la competencia de la magistrada y resolvió así de manera definitiva la disputa sobre la competencia entre ambos fueros.
El foro laboral remitió a última hora de este viernes a la Justicia contencioso administrativa cerca de 20 causas e incidentes vinculados al expediente principal.
En paralelo, la Corte Suprema de Justicia de argentina rechazó este jueves un recurso extraordinario por salto de instancia (“per saltum”) presentado por el Estado nacional para acelerar la definición del conflicto.
Según explicó la Procuración, el rechazo se debió a que el recurso había sido presentado antes de que la Cámara resolviera la cuestión de competencia y mientras la cautelar seguía vigente.
En su resolución conocida este viernes, Marra Giménez afirmó que el planteamiento de inconstitucionalidad presentado por la CGT “requiere un examen profundo sobre los derechos involucrados” y consideró que mantener la cautelar implicaría “adelantar opinión” sobre el fondo del asunto.
El Gobierno celebró la decisión judicial y afirmó en un comunicado que la implementación de la ley «resulta una herramienta fundamental para la creación de empleo formal, la mejora de la competitividad y el fortalecimiento de la seguridad jurídica de los trabajadores y empleadores».
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