Colombia muestra una «persistencia del conflicto armado», según el informe anual de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos divulgado este jueves, que registró en 2025 el asesinato de 99 defensores de DD.HH. y 53 masacres.
«La persistencia de la violencia y del conflicto armado en varios territorios, junto con el afianzamiento de grupos armados no estatales y organizaciones criminales, sigue afectando gravemente a la población civil y debilitando los procesos organizativos y el tejido social de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes y campesinas», señala el informe.
Atentados contra la fuerza pública
El documento, anticipado en Colombia y que será presentado el viernes en Ginebra, también advierte sobre un aumento de los ataques de los grupos armados ilegales contra la fuerza pública, «con graves afectaciones en la población civil que pueden calificarse de ataques indiscriminados y desproporcionados».
La situación más delicada la vivieron los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, en el suroeste del país, donde el año pasado hubo 44 ataques de este tipo en los que murieron 21 civiles y ocho uniformados, mientras que 206 personas resultaron heridas.
«La ciudad de Cali (tercera mayor de Colombia) fue particularmente afectada, con cuatro de estos ataques con explosivos, en los cuales murieron 12 civiles (incluyendo un menor de edad) y dos uniformados y aproximadamente 150 personas resultaron heridas», agrega la información.
Según cifras de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), citadas en el informe, 96.400 personas fueron desplazadas el año pasado, lo que supone un incremento del 85 % con respecto a 2024.
Ese notorio crecimiento se debe a la salida de 89.013 personas de sus hogares en la convulsa región del Catatumbo, limítrofe con Venezuela, por los enfrentamientos que comenzaron en enero del año pasado entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de las disidencias de las FARC por el control territorial.
Menores reclutados por grupos armados ilegales
Además, ONU Derechos Humanos registró 150 casos de reclutamiento de niños y niñas por los grupos armados ilegales, un dato que muestra «solo una fracción del total de casos, entre otras razones por el miedo a denunciar y la normalización del fenómeno».
La Oficina «también verificó la muerte de 17 niños y 13 niñas en situación de reclutamiento» en los departamentos de Amazonas, Arauca, Caquetá, Guaviare, Huila y Norte de Santander, «incluyendo fallecimientos ocurridos en, al menos, cuatro bombardeos realizados en el marco de operaciones militares, en los que murieron ocho niños y siete niñas», agrega la información.
Violencia política
El organismo internacional también registró el año pasado 18 homicidios y 126 casos de ataques y amenazas contra líderes políticos, justo cuando el país se encamina a las elecciones legislativas del 8 de marzo y las presidenciales del 31 de mayo próximos.
«Los principales perfiles correspondían a personas funcionarias o exfuncionarias municipales, concejales, activistas jóvenes y aspirantes a candidaturas de las circunscripciones especiales de paz (para el Congreso)», expresó este organismo.
El caso más notorio fue el del senador y precandidato presidencial de derechas Miguel Uribe Turbay, quien murió en agosto pasado tras permanecer dos meses hospitalizado por las heridas sufridas en un atentado a tiros durante un mitin en Bogotá.
«El período electoral y el inicio de un nuevo gobierno ofrecen una oportunidad decisiva para fortalecer las garantías de participación política, proteger a candidatos y votantes y consolidar las condiciones necesarias para avanzar en la implementación integral del acuerdo de paz» firmado en 2016 por el Gobierno y las FARC, resaltó la oficina.
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